Aceite de 40

Documentos en poder de la Corte revelan que 'Jorge 40' pagó a fiscales por liberar a miembros de su organización.

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CAMBIO habló con los abogados Guillermo Rafael Luna Arroyo e Iván Botero, los dos únicos mencionados con nombre propio en los documentos que hacen parte de la historia de sobornos y corrupción que compromete a Jorge 40 y algunos funcionarios judiciales.  Luna se limitó a decir: "Nadie podrá violarme nunca el sigilo profesional con el que he manejado miles de casos en mi carrera profesional". Y en cuanto a Otero, reconoció haber coordinado un equipo de abogados para asesorar a sindicados de paramilitarismo en Magdalena y Cesar, pero pidió que le dieran unas horas para examinar sus archivos antes de responder las preguntas de CAMBIO. Sin embargo, no volvió a contestar llamadas hechas a su celular y a su oficina en Valledupar.

La Directora Nacional de Fiscalías, Alicia Ledesma, se declaró sorprendida y preocupada por la información que compromete a miembros de fiscalías regionales y ordenó revisar con lupa los procesos que adelantan y que están bajo sospecha (ver recuadro).

La funcionaria le dijo a CAMBIO que no sabe si la Corte Suprema ha enviado copias a la Fiscalía del informe que hace parte de  la investigación que adelanta a congresistas por supuestos vínculos con paramilitares y aseguró que investigará cada caso. Sin embargo, advirtió: "Mientras no haya una verificación a fondo, no podemos dar por hecho que lo que dicen esos papeles es cierto".

No obstante, una fuente de la Corte sostiene que la información no debería ser nueva para la Fiscalía, porque la memoria sobre los posibles sobornos pagados a fiscales y jueces fue encontrada en una inspección hecha el 8 de marzo por magistrados auxiliares del proceso 72.605 a cargo de la fiscalía quinta especializada de Santa Marta, que fue la que, durante un allanamiento a una finca de Jorge 40 a comienzo del año, encontró documentos, videos, grabaciones, órdenes de combate y "diarios de guerra" del jefe del bloque norte. 

La documentación está en manos de la Corte Suprema de Justicia porque fue encontrada junto con otras pruebas que hoy forman parte de las investigaciones a congresistas detenidos en La Picota. Cuando concluya la investigación que prometió la Directora Nacional de Fiscalías, podría darse la paradoja de que el organismo investigador que hasta ahora se ha dedicado a mirar la paja en el ojo ajeno, tenga que mirar la viga en el propio ojo.