Por un lado, Báez confirmó lo que siempre se ha sabido: que los capos del cartel de Medellín, autores intelectuales del magnicidio, contaron con la colaboración de miembros de los organismos de seguridad del Estado para ejecutar el asesinato.  Por el otro, y contra toda evidencia, señaló al general (r) Miguel Maza Márquez, ex director del DAS, de haber participado en el complot, cuando es de público conocimiento que el General fue víctima de varios atentados ordenados por esos mismos capos durante la más fuerte oleada terrorista desatada por el narcotráfico en el país.

La versión de 'Báez'

El jefe paramilitar aseguró que Carlos Castaño le dijo en varias ocasiones que el asesinato de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989 en Soacha, era el resultado de una alianza entre Pablo Escobar,  Rodríguez Gacha, el B-2 de la Brigada 13 del Ejército y el DAS.

Báez dijo que Luis Eduardo Rueda, entonces segundo al mando de las autodefensas en Puerto Boyacá que dirigía Henry de Jesús Pérez, y cabecilla del grupo que asesinó al candidato presidencial, "fue el autor material" del asesinato, y que para hacerlo recibió varios carnés, "al parecer suministrados por el Ejército", que identificaban a los criminales como integrantes del B-2 -entonces organismo de inteligencia militar-, lo que les permitió estar cerca de la tarima donde hablaría el dirigente liberal.

También aseveró el jefe paramilitar que el entonces director del DAS había ordenado cambios en la escolta de Galán en los días previos al asesinato, y que los detalles del magnicidio fueron planeados en abril de ese año durante una reunión en una propiedad de Pérez conocida como Isla de la Fantasía, en Puerto Boyacá, en la que habían estado presentes Escobar y Rodríguez Gacha, además de Maza, un general del Ejército cuyo nombre no reveló y "algunos funcionarios del Gobierno nacional".

Maza se defiende

El general (r) Maza Márquez reaccionó de inmediato para controvertir las declaraciones de Báez. "El DAS fue casi el único que combatió a estos criminales y como consecuencia de esa actitud fue víctima de un atentado, uno de los peores por sus consecuencias -recordó-. Báez es un demente o está buscando desviar la atención de sus crímenes".

John Jairo Velásquez Vásquez, Popeye, ex lugarteniente de Escobar y principal testigo contra el ex ministro Alberto Santofimio, acusado de haber sido uno de los determinadores del magnicidio, hoy preso en la cárcel de Cómbita y en espera de la sentencia de un juez, envió una carta a El Tiempo en la que, para desmentir a Báez, dijo: "Pablo Escobar nunca se reuniría con Maza".

Pero si bien es cierto que el General fue uno de los objetivos del cartel de Medellín, como lo demuestran, entre otros, el atentado a la sede del DAS con un carro-bomba y un bus cargado de explosivos el 6 de diciembre de 1989, que dejó más de 70 muertos, a raíz del asesinato de Galán el entonces director del DAS estuvo en el ojo del huracán no sólo por el cambio de la escolta, sino por el señalamiento de haber desviado la investigación y de capturar personas equivocadas, como Alberto Júbiz Hazbum, detenido durante muchos años antes de ser declarado inocente. En ese momento también fue cuestionado el general Óscar Peláez Carmona, director de la Dijín.

Manto de silencio

Las declaraciones de Báez confirman algunos de los hechos que rodearon el asesinato del dirigente liberal: la reunión en la Isla de la Fantasía, el cambio de escoltas y la participación de un oficial de la Brigada 13 del Ejército de apellido Flórez, señalado por algunos testigos de haber servido de enlace de los homicidas.  Pero no hay que olvidar que fue la Brigada 13 la que capturó a Rueda Rocha y a algunos de los sicarios que participaron en el magnicidio.

No obstante, lo que parece evidente es que por ahora las intenciones del jefe paramilitar han querido desviar la atención, acudiendo a la estrategia de inculpar a personas muertas, y evitar por esta vía responder por los crímenes que le imputan  familiares de las víctimas. Báez sostuvo ante los fiscales, que su trabajo en la organización había sido estrictamente político y negó su participación directa o indirecta en homicidios, masacres y desplazamientos. Y señaló a Carlos Castaño como el directo responsable de los asesinatos de Jaime Garzón, la abogada Alma Jaramillo y el periodista José Emeterio Rivas, entre otros, así como del secuestro de la congresista Piedad Córdoba, hecho sobre el cual aseguró que había sido ordenado por sugerencia de un alto oficial del Ejército.   

Voceros de la Corporación Madres de La Candelaria, que reúne a familiares de víctimas de los paramilitares, lo acusaron de tender un manto de silencio en torno a las muertes de decenas de personas en su zona de influencia.  "Las revelaciones de Ernesto Báez sobre asesinatos, desapariciones y torturas son muchas, pero toda el agua sucia está recayendo sobre personas muertas que no pueden contestar", dijo Teresa Gaviria, vocera de la Corporación.

Tal como van las cosas, es imposible defender el proceso con las Auc, si sus jefes no están dispuestos a decir la verdad sobre todos sus crímenes. 

Culpable

En los mismos días en que Ernesto Báez declaró antes fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín, en Barranquilla, ÉDGAR IGNACIO FIERRO, Don Antonio, el hombre del computador de Jorge 40, reconoció su participación en el asesinato del reconocido profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andréis, un crimen que conmovió al país.

Don Antonio también confesó haber entregado 20 millones de pesos a Gabriel Turizo cuando era director del CTI de la Fiscalía en Atlántico, a cambio de que cesara las operaciones para capturarlo. Igualmente, reconoció haber financiado la campaña de Humberto Martínez Chans para la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, en 2002. La financiación la hizo a cambio de que, una vez en el cargo, Martínez aportara 10 millones de pesos mensuales al frente José Pablo Díaz de las Auc .

Don Antonio, quien fuera jefe de finanzas de Jorge 40 , se declaró culpable de haber participado en 600 crímenes -homicidios, extorsiones, secuestros, desapariciones y reclutamiento de menores para las Auc en  Barranquilla, Atlántico, y Sitinonuevo, Magdalena, y del envío de  870 kilos de cocaína  a Bélgica-.