(Página 1 de 4)
A FINALES DE MARZO DE 2006, pocos días después de las elecciones de Congreso, la joven Beatriz Helena Arboleda viajó en bus desde su casa en Bello, municipio del norte del Valle del Aburrá, hasta la sede de la Personería de Medellín para presentar una denuncia.
Ya en la sede de la Personería y ante el funcionario que recibió la queja, Beatriz Helena relató que en los días previos a la jornada electoral habían llegado varios hombres a su residencia con carteles en los que aparecían fotos de Óscar Suárez, candidato al Senado por el movimiento Alas Equipo Colombia y Mauricio Parodi, candidato a la Cámara por el Partido Liberal. "Nos invitaron a una reunión y como no fuimos, el mismo que nos invitó volvió después para exigirnos el voto por los dos aspirantes". Ante una pregunta del funcionario sobre los autores de las amenazas, la joven respondió sin titubear: "Fueron las autodefensas".
En las semanas siguientes, otros 27 habitantes de Bello acudieron a la Personería para ratificar las denuncias contra los paramilitares que los habían presionado para que votaran por los ya elegidos congresistas Suárez y Parodi. Los denunciantes agregaron que algunos de ellos habían tenido que abandonar sus casas por temor a las posibles represalias de los paramilitares.
Estas denuncias, publicadas por CAMBIO en diciembre de 2006, fueron clave para que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de vincular a los congresistas Suárez y Parodi a la investigación por vínculos de políticos con grupos paramilitares.
Ad portas del debate anunciado por el senador del Polo, Gustavo Petro, sobre paramilitarismo en Antioquia, un fenómeno que creció al amparo de las Convivir cuando Álvaro Uribe era Gobernador del departamento, la determinación de la Sala Penal de la Corte tiene un significado especial. El escándalo de la parapolítica ha sacudido sobre todo a departamentos de la Costa -Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar-, a Casanare y Meta, pero es la primera vez que toca de cerca a congresistas antioqueños aliados del Gobierno.
Los disparos verbales contra Colombia hechos desde Quito y Managua no son una simple coincidencia.