Abril 4 de 2007
Opiniones divididas
La solicitud de los jefes 'paras' de permitirles participar en política, generó dura controversia entre Gobierno, políticos y penalistas.
"Esto es un proceso de paz. No puede reducirse a la parte meramente judicial. Se les debe permitir (a los paramilitares desmovilizados) el ejercicio de la política con las limitaciones de la Ley". Tales palabras dichas por el presidente Álvaro Uribe alborotaron el avispero en una época en la que normalmente baja la intensidad de las noticias y el país se sintoniza con las celebraciones de la Semana Mayor.
Pero lejos de zanjar la polémica desatada alrededor de una carta en la que 14 comandantes de las autodefensas le pidieron autorización para participar activamente en las elecciones de octubre, las declaraciones de Uribe polarizaron aún más la opinión de amigos y detractores del accidentado proceso de paz con estos grupos.
La carta de los jefes de las Auc recluidos en la cárcel de Itagüí fue más allá y planteó la posibilidad de que el Gobierno modifique la Constitución para permitirles recuperar el estatus político transitorio que perdieron cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz. "La paz es esencialmente política. La paz y la política están por encima de lo jurídico y la política es la que modifica las leyes", sostuvo el mensaje paramilitar.
Tras la respuesta presidencial, los congresistas uribistas parecen ser los más preocupados, pues ven la medida como una forma de ir ambientando la incursión de los paramilitares en política electoral. Una de las posiciones más duras es la de la senadora Gina Parody, quien asegura que "la única vía para que los paramilitares puedan hacer política en Colombia es que las masacres, secuestros y desapariciones sean reconocidos como delitos políticos, y esto es constitucionalmente inviable".
Cincuenta - cincuenta
No menos preocupado está el senador Carlos García, presidente de La U, quien le dijo a CAMBIO que "me parece complicado que se vaya ambientando el escenario para que los paramilitares hagan proselitismo".
Sin embargo, el presidente del Partido Conservador, Julio Manzur, dijo que hay que recibir el debate con la mente abierta. "Si le abrimos las puertas al M-19, también podríamos hacerlo con las autodefensas. Yo no descartaría que los paramilitares puedan participar en política".
Las declaraciones de Manzur van en abierta contravía con las del senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, quien resumió su pensamiento en una frase corta: "Quienes han cometido delitos de lesa humanidad no pueden participar en política".
Otras voces, como la del ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, coinciden con los detractores de la decisión presidencial en que ésta es inviable. "La amnistía o el indulto solamente podrían aplicarse con personas que cometieron delitos políticos, pero no para quienes sean condenados por masacres, secuestros u otros delitos de lesa humanidad", afirma.
Por su lado, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez percibe un oscuro objetivo detrás de esta jugada urdida desde Itagüí. En su concepto los comandantes en prisión buscan revivir la norma que convierte los delitos de concierto para delinquir y paramilitarismo en sedición, es decir, les da el estatus de delincuentes políticos. "Es cómico que los ex jefes paramilitares pidan autorización para participar en política cuando eso es lo que han venido haciendo", dijo el jurista.
Otro epicentro de la polémica es la Fiscalía, en donde la decisión de Uribe causó revuelo entre los funcionarios que tienen que ver en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Varios de ellos, consultados por CAMBIO, advirtieron que por su condición de administradores de justicia no pueden dar públicamente su criterio, pero estuvieron de acuerdo en que una eventual decisión debe consultar, de manera equilibrada, razones constitucionales y de conveniencia.
Desde el punto de vista de la conveniencia nacional podrían tomarse decisiones para salvar ese escollo, entre ellas la tramitación en el Congreso de un proyecto de Acto Legislativo -así sea de carácter transitorio- que establezca una excepción para los beneficiarios de procesos de paz adelantados autónomamente por el Gobierno. "En este último caso -dijo uno de los fiscales consultados- las razones de conveniencia podrían fortalecerse si la opinión y el país miran ejemplos que han sido exitosos".
En su concepto, la mayoría de los colombianos valoran el papel que cumplen hoy personas que pertenecieron al movimiento M-19. "Sus debates de control político son serios y ninguno de los indultados a comienzos de la época del 90 ha tenido necesidad de volver a las armas para hacerse oír".
No obstante, para muchos eso es comparar peras con manzanas. Aparte de las sanguinarias masacres que protagonizaron, muchos de los recluidos en Itagüí participaron activamente en el negocio del narcotráfico y mantienen una clara influencia política en diversas regiones, obtenida con la intimidación armada. Eso sería darles un permiso que en la práctica legitimaría lo que obtuvieron a sangre y fuego.
Y eso no es todo. Mientras la polémica se calienta y la viabilidad constitucional riñe a cada paso con la voluntad política, los 'paras' no pierden el tiempo y desde principios de año han empezado a hacer proselitismo en barrios populares de Medellín y otros pueblos de Antioquia por medio de cooperativas de desmovilizados que tienen contacto permanente con ellos. Esto sustenta la afirmación final de su carta al Gobierno en la que aseguran que "se nos sigue recordando desde donde alguna vez ostentamos el poder ilegal y armado, que seremos bienvenidos y apoyados en la lucha política desarmada y democrática".