Opiniones divididas

Críticos del proceso aseguran que desde Itagüi los jefes paramilitares mantienen el control político de sus regiones.Foto: Javier Agudelo

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Desde el punto de vista de la conveniencia nacional podrían tomarse decisiones para salvar ese escollo, entre ellas la tramitación en el Congreso de un proyecto de Acto Legislativo -así sea de carácter transitorio- que establezca una excepción para los beneficiarios de procesos de paz adelantados autónomamente por el Gobierno.  "En este último caso -dijo uno de los fiscales consultados- las razones de conveniencia podrían fortalecerse si la opinión y el país miran ejemplos que han sido exitosos".

En su concepto, la mayoría de los colombianos valoran  el papel que cumplen hoy personas que pertenecieron al movimiento M-19. "Sus debates de control político son serios y ninguno de los indultados a comienzos de la época del 90 ha tenido necesidad de volver a las armas para hacerse oír".

No obstante, para muchos eso es comparar peras con manzanas. Aparte de las sanguinarias masacres que protagonizaron, muchos de los recluidos en Itagüí participaron activamente en el negocio del narcotráfico y mantienen una clara influencia política en diversas regiones, obtenida con la intimidación armada. Eso sería darles un permiso que en la práctica legitimaría lo que obtuvieron a sangre y fuego.

Y eso no es todo. Mientras la polémica se calienta y la viabilidad constitucional riñe a cada paso con la voluntad política, los 'paras' no pierden el tiempo y desde principios de año han empezado a hacer proselitismo en barrios populares de Medellín y otros pueblos de Antioquia por medio de cooperativas de desmovilizados que tienen contacto permanente con ellos. Esto sustenta la afirmación final de su carta al Gobierno en la que aseguran que "se nos sigue recordando desde donde alguna vez ostentamos el poder ilegal y armado, que seremos bienvenidos y apoyados en la lucha política desarmada y democrática".