Opiniones divididas

Críticos del proceso aseguran que desde Itagüi los jefes paramilitares mantienen el control político de sus regiones.Foto: Javier Agudelo

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Sin embargo, el presidente del Partido Conservador, Julio Manzur, dijo que hay que recibir el debate con la mente abierta. "Si le abrimos las puertas al M-19, también podríamos hacerlo con las autodefensas. Yo no descartaría que los paramilitares puedan participar en política".

Las declaraciones de Manzur van en abierta contravía con las del senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, quien resumió su pensamiento en una frase corta: "Quienes han cometido delitos de lesa humanidad no pueden participar en política".

Otras voces, como la del ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, coinciden con los detractores de la decisión presidencial en que ésta es inviable. "La amnistía o el indulto solamente podrían aplicarse con personas que cometieron delitos políticos, pero no para quienes sean condenados por masacres, secuestros u otros  delitos de lesa humanidad", afirma.

Por su lado, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez percibe un oscuro objetivo detrás de esta jugada urdida desde Itagüí. En su concepto los comandantes en prisión buscan revivir la norma que convierte los delitos de concierto para delinquir y paramilitarismo en sedición, es decir, les da el estatus de delincuentes políticos. "Es cómico que los ex jefes paramilitares pidan autorización para participar en política cuando eso es lo que han venido haciendo", dijo el jurista.

Otro epicentro de la polémica es la Fiscalía, en donde la decisión de Uribe causó revuelo entre los funcionarios que tienen que ver en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Varios de ellos, consultados por CAMBIO, advirtieron que por su condición de administradores de justicia no pueden dar públicamente su criterio, pero estuvieron de acuerdo en que una eventual decisión debe consultar, de manera equilibrada, razones constitucionales y de conveniencia.