Sin remedio

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EL MARTES 27 DE MARZO, luego de conocer las denuncias sobre la muerte de 12 niños por desnutrición en Carmen del Darién, Chocó, una comisión  de la Defensoría del Pueblo llegó a Quibdó para conocer más detalles sobre la grave situación de salud que atraviesa el departamento.

  La primera parada de los investigadores fue en el hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel que existe en Chocó, a donde debieron haber llegado los menores para ser atendidos. No obstante, los investigadores se encontraron con una realidad peor de la que esperaban: al abrir la puerta, entre las ollas y los platos, salieron enormes roedores. En la sala de urgencias los funcionarios de la Defensoría notaron que no había camillas, gasa, alcohol, medicamentos ni vendas, al tiempo que las habitaciones y los baños de los tres pisos del edificio estaban sucios.  Pero lo peor vino cuando entraron al quirófano, supuestamente el lugar más aséptico de un hospital, y no solo observaron que no tenía ventilación sino que vieron decenas de zancudos que revoloteaban entre médicos e instrumentistas que operaban a una persona.

Luego, al examinar el funcionamiento financiero del centro asistencial, los defensores del pueblo detectaron contratos por 3.000 millones de pesos, otorgados a empresas que reciben elevadas sumas de dinero.

El contrato más costoso es el de alimentación. El hospital le paga a Yao Espress, empresa representada por Yadira Mosquera, 250 millones al año para administrar la cocina y preparar los alimentos. Por el servicio de lavandería, Carlos Andrade, propietario de Soluservicios, recibe 96 millones al año pero no tiene lavadoras ni secadoras. El contrato es ejecutado por dos personas que lavan y planchan a mano, a las que no les pagan hace dos meses.

De otro lado, y pese a que existe otro contrato por 218 millones de pesos con la empresa Las 4M para la prestación del servicio de aseo y el hospital les paga 36 millones adicionales a cuatro auxiliares de mantenimiento para el mismo fin, los visitadores de la Defensoría concluyeron que las condiciones sanitarias del centro asistencial son deplorables.

Con semejantes hallazgos, a los funcionarios de la Defensoría no les resultó difícil encontrar las razones que desencadenaron la muerte de 67 personas, 37 de ellas menores de 12 años. La conclusión: desidia, mala atención y proliferación de infecciones intrahospitalarias.