Dudas de dudas
EL 19 DE MARZO de 2004, una tragedia fue seguida por un escándalo. Once personas, entre ellas siete miembros del Gaula de la Policía, murieron acribilladas en el recodo de un camino cerca de Guatarilla, Nariño, cuando supuestamente adelantaban una operación para rescatar a un secuestrado. Las muertes, sin embargo, no fueron causadas por delincuentes sino por militares que hacían parte de una patrulla del Batallón Boyacá del Ejército.
Aunque según la versión oficial, todo fue producto un lamentable error, uno de esos casos que se conocen como de "fuego amigo", pronto trascendieron los motivos ocultos de la tragedia. Lo que en realidad buscaba la patrulla del Gaula, especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión, era apoderarse de un laboratorio y un cargamento de cocaína, y los civiles que la acompañaban no eran informantes sino integrantes de una banda conocida como Los Titiringos.
El servicio de Inteligencia de la Policía reveló el contenido de grabaciones que, en su opinión, demostraban que los militares autores de la masacre querían llegar primero al cargamento. En un debate en el Congreso, el senador Luis Élmer Arenas intentó sin éxito aclarar las dudas. Y fueron precisamente las dudas las que llevaron a la Procuraduría a exonerar de responsabilidad a oficiales del Ejército investigados con base en las grabaciones, con el argumento de que carecían de validez probatoria porque no habían sido obtenidas con orden judicial.
La semana pasada el viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, revocó una sanción inicial de destitución contra los coroneles de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño, entonces subdirector nacional del Gaula, y Jorge Enrique Barón Blanco, en esa época comandante operativo de la Policía de Nariño, y los absolvió. "Hay un principio universal del Derecho que enseña que las dudas deben ser administradas a favor del procesado y eso fue lo que hice -le dijo a CAMBIO el Viceprocurador- Asumo entonces la responsabilidad frente a las críticas que puedan venir" Guatibonza y Barón habían sido sancionados porque el investigador de primera instancia consideró que obraron mal al haber autorizado una operación que no tenía el carácter de institucional. Sin embargo, al revisar la decisión para resolver las apelaciones de los afectados, el Viceprocurador llegó a la conclusión de que no había sido establecida ni la existencia del secuestro, ni la del secuestrado que supuestamente iban a rescatar, como tampoco la existencia del 'chongo' o laboratorio de cocaína. "Sea cual haya sido el propósito de los agentes del Gaula involucrados en el operativo y directamente llamados a responder por las irregularidades, lamentablemente fueron muertos -dice Gómez Pavajeau en el fallo-. De manera que, en cuanto a ello concierne, nada corresponde indagar".
Así de simple. El caso Guatarilla pasará a los archivos y la verdad nunca será establecida. La conclusión oficial parecer ser la de que la culpa, si la hubo, fue de los muertos.
