Marzo 30 de 2007
Sin remedio
Detrás de la muerte de niños en Chocó se esconde una estela de corrupción y malos manejos presupuestales.
EL MARTES 27 DE MARZO, luego de conocer las denuncias sobre la muerte de 12 niños por desnutrición en Carmen del Darién, Chocó, una comisión de la Defensoría del Pueblo llegó a Quibdó para conocer más detalles sobre la grave situación de salud que atraviesa el departamento.
La primera parada de los investigadores fue en el hospital San Francisco de Asís, el único de segundo nivel que existe en Chocó, a donde debieron haber llegado los menores para ser atendidos. No obstante, los investigadores se encontraron con una realidad peor de la que esperaban: al abrir la puerta, entre las ollas y los platos, salieron enormes roedores. En la sala de urgencias los funcionarios de la Defensoría notaron que no había camillas, gasa, alcohol, medicamentos ni vendas, al tiempo que las habitaciones y los baños de los tres pisos del edificio estaban sucios. Pero lo peor vino cuando entraron al quirófano, supuestamente el lugar más aséptico de un hospital, y no solo observaron que no tenía ventilación sino que vieron decenas de zancudos que revoloteaban entre médicos e instrumentistas que operaban a una persona.
Luego, al examinar el funcionamiento financiero del centro asistencial, los defensores del pueblo detectaron contratos por 3.000 millones de pesos, otorgados a empresas que reciben elevadas sumas de dinero.
El contrato más costoso es el de alimentación. El hospital le paga a Yao Espress, empresa representada por Yadira Mosquera, 250 millones al año para administrar la cocina y preparar los alimentos. Por el servicio de lavandería, Carlos Andrade, propietario de Soluservicios, recibe 96 millones al año pero no tiene lavadoras ni secadoras. El contrato es ejecutado por dos personas que lavan y planchan a mano, a las que no les pagan hace dos meses.
De otro lado, y pese a que existe otro contrato por 218 millones de pesos con la empresa Las 4M para la prestación del servicio de aseo y el hospital les paga 36 millones adicionales a cuatro auxiliares de mantenimiento para el mismo fin, los visitadores de la Defensoría concluyeron que las condiciones sanitarias del centro asistencial son deplorables.
Con semejantes hallazgos, a los funcionarios de la Defensoría no les resultó difícil encontrar las razones que desencadenaron la muerte de 67 personas, 37 de ellas menores de 12 años. La conclusión: desidia, mala atención y proliferación de infecciones intrahospitalarias.
La crisis del sector salud en Chocó estalló la semana pasada, pero el desangre viene de años atrás sin que los organismos de control ni los gobiernos departamental o nacional hayan hecho lo suficiente para ponerle coto a la corrupción y el desgreño administrativo.
No obstante, los males que agobian a esa región no solo tienen que ver con las deficiencias del hospital. Los problemas también están concentrados en el Departamento Administrativo de Salud, Dasalud, que administra los recursos que gira el Gobierno desde Bogotá para pagar los salarios de los médicos y otros contratistas, así como para Planes de Atención Básica en Salud (PAB).
Así por ejemplo, las cuentas bancarias de Dasalud fueron embargadas por abogados inescrupulosos que compraron por el 60% de su valor las cuentas de cobro que el departamento y los municipios les adeudan a los contratistas de la salud. Una vez les endosan la deuda, los abogados proceden a hacer efectivo el pago, pero cobran intereses que en muchos casos superan los niveles de usura. "Estas mafias tienen contactos en la tesorería de Dasalud que retienen los pagos a proveedores para darles prelación a los abogados", explicó otro de los defensores que visitó Chocó.
Con el paso del tiempo, esta maniobra ha producido graves consecuencias: 40.000 millones de pesos no han sido invertidos en los últimos cinco años y tampoco se han ejecutado los programas de vacunación, prevención de enfermedades respiratorias y control de plagas.
Un reporte de la Asociación Colombiana de Salud dice que las muertes por paludismo, enfermedades diarreicas agudas y otras epidemias han crecido de tal forma que la tasa de mortalidad infantil en Chocó prácticamente dobla a la del resto del país. Mientras en Colombia se registran 23 muertes por cada 1.000 nacimientos, allí esta cifra es de 44.
A este trágico panorama se suma la negligencia de las nueve Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, que atienden al departamento. Aún cuando más del 60% de la población pertenece a este régimen, la mayoría de los usuarios nunca accede a los servicios de salud porque en los pueblos no existen lugares adecuados.
Y esto ocurre pese a que las ARS reciben del Gobierno 250.000 pesos mensuales por cada afiliado. Selva Salud, la ARS con más usuarios ni siquiera tiene sede en Chocó y sus oficinas centrales están muy lejos de allí: en Mocoa, Putumayo. "En el Darién todos tienen carné de Selva Salud, pero sus representantes nunca regresaron después de afiliarlos", explicó un integrante de la Ong Médicos sin Fronteras que recorrió la zona.
La intervención del servicio de salud departamental y la adopción de medidas de emergencia para evitar que los niños chocoanos sigan muriendo eran necesarias por parte del Gobierno, pero en el país quedó la sensación de que en este episodio todas las entidades actuaron tarde y que pese al discurso oficial Chocó sigue siendo tierra de nadie.
Que lo diga el gobernador Julio Ibarguen Mosquera, quien tuvo la osadía de salir a vacaciones el miércoles, en plena crisis, pero debió suspenderlas por el alud de críticas que se le fue encima.
CIFRAS DEL DESASTRE
67 PERSONAS han muerto este año en el hospital San Francisco de Asís por mala atención.
17 NIÑOS han muerto en el departamento los últimos 90 días por enfermedad diarreica aguda.