Regreso forzoso

Foto: Andrea Moreno

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El caso que dio lugar a que el embajador Osorio fuera vinculado formalmente a un proceso que, de prosperar, podría conducir a una declaratoria de indignidad para el ejercicio del cargo, durmió el sueño de los justos durante casi un lustro en las carpetas donde están archivados los expedientes asignados por la Comisión de Acusación al representante Jorge Luis Feris Chadid -hermano del comandante 08, desmovilizado de las Auc- hoy investigado por la Corte Suprema por haber firmado el llamado Pacto de Ralito.

La apertura del proceso y el llamamiento de Osorio a indagatoria fue precedido por una serie de dificultades. En primer lugar, durante una visita de inspección, delegados de la Procuraduría descubrieron que el expediente estaba desmembrado y que algunas partes habían desaparecido. "Es cierto -asegura Olano-. Desapareció una grabación de video aportado por un medio de comunicación y fue necesario reconstruir algunos folios y reordenar la mayoría de ellos". En segundo lugar, las indagaciones habían quedado en el limbo por una decisión de Feris Chadid, que acumuló los tres procesos en uno solo, lo que impedía que la Comisión tuviera claridad a la hora de calificar las faltas y distinguir entre estas y posibles delitos.

La decisión de Olano implica que cada caso debe ser examinado en forma separada, pues aunque la Comisión cumple tareas judiciales, su función no es la de investigar delitos sino conductas que puedan comprometer la responsabilidad política del Presidente, los magistrados de las cortes y altos funcionarios, incluido el Fiscal. El juzgamiento de los delitos es competencia exclusiva de la Corte Suprema.

Si la investigación concluye que Osorio es responsable de los cargos que se le imputan, la plenaria de la Cámara, con base en un proyecto presentado por la Comisión, podría acusarlo ante el Senado y este declararlo indigno del ejercicio del cargo. Y si hay evidencia de que sus actuaciones como Fiscal pueden calificarse como delitos, la Corte Suprema es el tribunal competente para juzgarlo.

La opinión es escéptica frente a la neutralidad de la Comisión -11 uribistas, dos liberales y uno del Polo-, pues aun tiene fresco el proceso a Ernesto Samper por la financiación de la campaña con dineros del narcotráfico que lo liberó de responsabilidades y durante el cual fue evidente el juego de los intereses políticos.