Marzo 23 de 2007
Cercados
En Bogotá hay familias rodeadas de prostíbulos que afectan su seguridad y desvalorizan los predios.
TODAS LAS SEMANAS,Jorge Castañeda, Amparo Barón, LigiaDuque, Filiberto Alonso y otros residentes del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, se reúnen para evaluar el irremediable avance de las casas de lenocinio en el sector.
Desde 2002, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT, convirtió este tradicional vecindario en la primera y hasta ahora única zona de tolerancia reglamentada en la ciudad, alrededor de 500 familias quedaron encerradas entre prostitutas, travestís, expendedores de droga y todo tipo de delincuentes. "Además de convivir con la inseguridad, violencia y ruido, nuestras propiedades se han desvalorizado en más del 60%", explica Castañeda.
Esta comunidad se queja de que el Distrito no informó previamente su decisión de convertir el barrio en zona roja y tampoco ha hecho cumplir el pacto de convivencia suscrito por la Secretaría de Gobierno y los dueños de los negocios para evitar la exhibición de prostitutas en las calles, el ruido excesivo, la basura y la inseguridad.
Además, a la tragedia de los residentes del barrio Santa Fe se suman los ataques de los proxenetas, que tratan de impedir que los vecinos logren que la Alcaldía revise el POT. "Hicieron varios disparos contra las ventanas de mi casa pero me salvé porque no estaba", cuenta Amparo Barón.
Pero si allí llueve, en Los Alcázares, al norte de la ciudad, no escampa. A pesar de que en 1999 una tutela ordenó retirar los prostíbulos de las manzanas residenciales, estos continuaron trabajando camuflados. Hoy, cuando se acerca la reglamentación del POT, todo indica que será declarada zona de alto impacto, pese a que más de 300 familias se oponen.
La situación del barrio Venecia, al sur de la capital también es grave porque el POT vetó la existencia de moteles y prostíbulos pero ninguna autoridad parece interesada en sacarlos.
Este tema ha sido trabajado de tiempo atrás por el concejal Luis Fernando Olivares, quien elaboró un acuerdo para reorganizar las zonas de alto impacto. Para él, la presión ciudadana ha sido importante porque la administración distrital se ha visto forzada a retractarse de decisiones ya tomadas, como en los casos de Bosa y Venecia que iban a ser declaradas zonas de alto impacto.
"Pese a que la ley 902 de 2003 prohibió las zonas de tolerancia en lugares residenciales, lo que no se entiende es por qué esos negocios pululan allí -puntualiza el concejal Olivares-. En Chapinero, Usaquen y Suba existen también cientos de prostíbulos y puede haber unas 100.000 familias afectadas".