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A COMIENZOS de enero, mientras el país seguía a media marcha por las festividades de fin de año, en el puente festivo de los Reyes Magos 50 abogados y contadores ocupó las dependencias de la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, en el centro de Bogotá.
Los peritos llegaron a ese lugar en forma sigilosa y sin que ningún empleado de la entidad se enterara. Y tal y como se los habían advertido, en dos pisos de la edificación encontraron, arrumados en estantes, 137.000 solicitudes de pensión no resueltas y 26.000 tutelas sin contestar.
Ese caos administrativo había desencadenado en noviembre de 2006 la decisión del Gobierno de cerrar a Cajanal durante 90 días y a suspender el pago de pensiones autorizadas en forma irregular por 200.000 millones de pesos.
En ese puente festivo los abogados y contadores trabajaron sin descanso y al final lograron sistematizar cada uno de los expedientes, que fueron empacados en cajas y llevados a una bodega del barrio Los Alcázares, al norte de Bogotá, donde fueron marcados y codificados. Al lugar no tiene acceso ningún funcionario de Cajanal excepto su nuevo gerente, Augusto Moreno. Esta tarea, ejecutada en escasas 72 horas, fue realizada por la empresa Flycom, filial de Interconexión Eléctrica S.A., ISA.
Desde entonces los abogados y contadores de Flycom son los encargados de garantizar que ningún expediente de Cajanal sea adulterado o le aparezcan documentos falsos. Un grupo de grafólogos y dactiloscopistas apoya esta tarea que se ha traducido en una importante reducción de los casos de falsedad.
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