Que la Corte Suprema de Justicia está actuando y que las instituciones están por encima de las personas que las integran, es una verdad que en estos días ha cobrado valor por cuenta de las investigaciones a una decena de Congresistas y a varios dirigentes y ex funcionarios por presuntos vínculos con los grupos paramilitares. 

Sin embargo, los efectos de estas decisiones judiciales ha afectado al Congreso. Las sesiones extras convocadas por el Gobierno para el estudio de temas trascendentales como el TLC con Estado Unidos y el Plan Nacional de Desarrollo, han sido un fracaso por el nerviosismo que campea entre los parlamentarios, sobre todo entre los de la bancada uribista.

Independientemente de que las responsabilidades penales son de carácter individual, la verdad es la actividad legislativa está prácticamente paralizada.  En los rincones y pasillos del Congreso se respira la tensión que viven los legisladores, pues todos tienen presente que, en su momento, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Vicente Castaño aseguraron que las autodefensas tenían entre el 30 y el 35% del Congreso. En plata blanca, esto significa que algo así como 30 senadores y 60 representantes podrían estar temblando ante la posibilidad de que descubran sus nexos con grupos paramilitares.