Intereses cruzados

Copia del cheque que recibió el hermano de la Procuradora.

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JAIME ALBERTO ORTEGA ÁLVAREZ, alcalde del municipio bolivarense de Córdoba, no ocultó sus simpatías políticas durante la campaña para elección de congresistas en marzo de 2006. Durante un acto de cierre de campaña, el mandatario se fue a la plaza pública para pedirles a sus gobernados que votaran por Vicente Blel para el Senado y por Lidio Arturo García para la Cámara.

Cuando el procurador del caso le mostró el video que registraba su discurso, el Alcalde adujo que estaba borracho y ofreció excusas. Sin embargo, no pudo explicar por qué los nombres de los candidatos aparecían en impresos de publicidad oficial producida cuando él estaba sobrio. Con esas pruebas, la Procuraduría Provincial lo sancionó por intervención indebida en política.

El Alcalde apeló ante la procuradora departamental de Bolívar, Amada Isabel Ojeda Torregrosa. Para sorpresa, la funcionaria desestimó las pruebas y revocó la sanción. ¿Por qué lo hizo? CAMBIO conoció documentos que sugieren que la decisión que libró al Alcalde de irse del cargo está relacionada con negocios cuando menos discutibles de la familia de la Procuradora con el municipio de Córdoba.

Uno de esos negocios es un contrato de saneamiento contable que el alcalde Ortega le adjudicó a Carmelo Ojeda Torregrosa, hermano de la Procuradora. La primera fase del contrato costaría 25 millones de pesos. Lo curioso es que la funcionaria sabía de esos negocios y aún así, no se declaró impedida. Hay documentos y cheques que así lo demuestran (ver facsímile).

La procuradora Ojeda asegura que dicha firma no tiene nada que ver con el contrato y que resulta "mezquino" pensar siquiera que se trate de un pago encubierto por la decisión. Para ella, en el fondo hay intereses políticos que por fortuna, alega, no han tenido eco ante el despacho del Procurador General.