Febrero 23 de 2007
Intereses cruzados
Contratos con sus familiares ponen en duda la legalidad de decisiones tomadas por la Procuradora de Bolívar.
JAIME ALBERTO ORTEGA ÁLVAREZ, alcalde del municipio bolivarense de Córdoba, no ocultó sus simpatías políticas durante la campaña para elección de congresistas en marzo de 2006. Durante un acto de cierre de campaña, el mandatario se fue a la plaza pública para pedirles a sus gobernados que votaran por Vicente Blel para el Senado y por Lidio Arturo García para la Cámara.
Cuando el procurador del caso le mostró el video que registraba su discurso, el Alcalde adujo que estaba borracho y ofreció excusas. Sin embargo, no pudo explicar por qué los nombres de los candidatos aparecían en impresos de publicidad oficial producida cuando él estaba sobrio. Con esas pruebas, la Procuraduría Provincial lo sancionó por intervención indebida en política.
El Alcalde apeló ante la procuradora departamental de Bolívar, Amada Isabel Ojeda Torregrosa. Para sorpresa, la funcionaria desestimó las pruebas y revocó la sanción. ¿Por qué lo hizo? CAMBIO conoció documentos que sugieren que la decisión que libró al Alcalde de irse del cargo está relacionada con negocios cuando menos discutibles de la familia de la Procuradora con el municipio de Córdoba.
Uno de esos negocios es un contrato de saneamiento contable que el alcalde Ortega le adjudicó a Carmelo Ojeda Torregrosa, hermano de la Procuradora. La primera fase del contrato costaría 25 millones de pesos. Lo curioso es que la funcionaria sabía de esos negocios y aún así, no se declaró impedida. Hay documentos y cheques que así lo demuestran (ver facsímile).
La procuradora Ojeda asegura que dicha firma no tiene nada que ver con el contrato y que resulta "mezquino" pensar siquiera que se trate de un pago encubierto por la decisión. Para ella, en el fondo hay intereses políticos que por fortuna, alega, no han tenido eco ante el despacho del Procurador General.
Funcionaria inmune
Sin embargo, este no es el único caso en que la Procuradora de Bolívar ha resultado cuestionada. Antes de llegar a su cargo, la funcionaria estaba vinculada a una investigación penal por el descalabro de Foncolpuertos. Carlos Ardila, presidente del Frente Control Social por Cartagena, y el veedor ciudadano Álvaro Anaya coinciden en que la funcionaria "no es confiable" y citan otras decisiones controvertidas.
A ella se le atribuye también la revocatoria ilegal de sanciones impuestas a José del Toro, uno de los alcaldes menores de Cartagena, que ha tomado decisiones que no son de su competencia como la restitución de terrenos que están en pleitos judiciales y la contratación de familiares suyos por encima del régimen de inhabilidades. Tampoco es la primera vez que familiares de la funcionaria reciben beneficios de entidades investigadas por ella. Otro hermano suyo fue nombrado comandante del Cuerpo de Bomberos, en un momento en que se adelantaba un proceso por malos manejos allí.
Según sus críticos, la Procuradora sigue en su cargo gracias a los padrinazgos políticos. Sus principales mentores, según ellos, son el senador William Montes Medina y el alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, suegro del parlamentario.
Y lo más grave es que esto suceda en uno de los departamentos que, por el grado de corrupción alcanzado en algunas de sus instancias administrativas locales y regionales, más necesita de una Procuraduría activa y severa.