Febrero 23 de 2007
Manzana podrida
Por la filtración de un funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se fugaron seis extraditables.
DESDE HACE DOS SEMANAS el fiscal general Mario Iguarán y delegados del Departamento de Justicia de Estados Unidos están al frente de una investigación, hasta ahora reservada, que compromete a varios funcionarios de una de las dependencias más importantes de la Fiscalía General: la Oficina de Asuntos Internacionales, encargada, entre otros temas, de recibir y tramitar los procesos contra delincuentes colombianos pedidos en extradición.
Este nuevo escándalo que podría producir un remezón en esa dependencia empezó a gestarse el 1º de noviembre de 2004, cuando investigadores del DAS descubrieron una red de narcotraficantes de heroína que tenía como centro de operaciones a Barranquilla. Los agentes, con la colaboración de personal de la DEA, identificaron a 22 personas que traficaban mediante un sistema de envíos por correo certificado y que en menos de un año habían logrado llevar media tonelada de heroína a Estados Unidos.
El año pasado, gracias a seguimientos e interceptaciones telefónicas, fueron capturados en Estados Unidos cuatro hombres, encargados de distribuir la droga, uno de los cuales decidió colaborar con la Justicia y ante un fiscal de Florida confesó y dio información precisa sobre la forma en que la red obtenía la heroína, así como las rutas que usaban para llevarla desde Colombia.
El 23 de enero pasado, culminada la primera parte de la investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la extradición de seis de los 22 integrantes de la organización. El requerimiento fue enviado por la Embajada estadounidense en Bogotá a la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para que adelantara las notificaciones del caso. Sin embargo, una fuga de información dio al traste con la captura de los seis narcotraficantes pedidos en extradición que, al parecer, huyeron a Venezuela.
Eso fue lo que descubrieron investigadores de los organismos de Inteligencia que, pocos días después de que la solicitud iniciara su trámite en la Fiscalía, cuando rastreaban comunicaciones telefónicas, detectaron dos conversaciones entre dos de los extraditables fugados. En una de ellas, hablaban de que había que entregarle 10 millones de pesos al funcionario que les había filtrado los datos sobre la solicitud de extradición contra ellos, y en la otra dejaban claro que habían logrado rebajar la suma a ocho millones por la información y una copia del proceso.
Se trata de un acto de corrupción en el más importante órgano de control del país. Sin embargo, desde el mismo momento en que se enteró del asunto, el fiscal Mario Iguarán le pidió al DAS y al CTI llegar hasta las últimas consecuencias.