El madrugón de la Corte
Foto: Roger Triana/Archivo EL TIEMPO
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PASO A PASO, lesbianas y homosexuales ganan terreno en el camino hacia el reconocimiento de la igualdad en materia de derechos. La semana pasada, la Corte Constitucional falló a su favor una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990 -que reglamenta la unión marital de hecho para parejas conformadas por hombre y mujer- interpuesta en junio del año pasado por la ONG Colombia Diversa, con apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
El fallo, que elimina del articulado las palabras "hombre y "mujer", reconoce que tanto las parejas heterosexuales como las compuestas por personas del mismo sexo, tienen derechos patrimoniales. Es decir, que los bienes y patrimonio que constituyan en sociedad pertenecen a los dos miembros de la pareja. El fallo reconoce la libre asociación y se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona humana que, no importa su orientación sexual, tiene derecho al reconocimiento y protección de sus derechos. Para que estos derechos se hagan efectivos es necesario que esas parejas hayan convivido mínimo dos años, como ocurre con las de heterosexuales.
La decisión de la Corte fue motivo de celebración para los homosexuales -según Colombia Diversa, más 3,2 millones de personas en el país- que consideraban injusto que, en caso de muerte de uno de sus miembros, el patrimonio constituido pasara a manos de la familia del fallecido, así hubiera sido forjado en vida y durante años por la pareja.
El fallo tuvo una votación de ocho contra uno, pues el magistrado Jaime Araújo Rentería salvó el voto. Se apartó del fallo no por estar en desacuerdo con el reconocimiento de los derechos patrimoniales, sino porque, en su criterio, el alto tribunal debió ir más allá en la defensa del derecho a la igualdad y pronunciarse sobre temas como la familia y la adopción. Pero la sentencia sólo podía hacerse sobre el objeto de la demanda, según aclaró el Presidente de la Corte.
El fallo sienta un precedente para el reconocimiento de otros derechos, algunos de los cuales -pensiones y salud- hacen parte del proyecto que cursa en el Congreso, y al que la Corte le madrugó.
