El madrugón de la Corte

Foto: Roger Triana/Archivo EL TIEMPO

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El proyecto de ley que cursa en el Congreso busca el reconocimiento de derechos patrimoniales y seguridad social a las parejas del mismo sexo, una iniciativa impulsada  por el senador Álvaro Araújo, y a la cual le hacen falta dos debates: Comisión Séptima y Plenaria de la Cámara, pues ya fue aprobado en el Senado. El presidente de la Cámara, Alfredo Cuello Baute, y Liliana Rendón, presidenta de la Comisión Séptima, se oponen al proyecto.

Sobre la pregunta que muchos se hacen sobre si pasará o no el proyecto en el Congreso donde algunos sectores se oponen porque abre la puerta para que la población homosexual acceda a beneficios que, según ellos, "causarían serios problemas a las finanzas y a la estabilidad moral del país", Daniel Bonilla, abogado constitucionalista y director del Departamento de Interés Público de la Universidad de Los Andes, responde: "El Congreso se quedó sin argumentos constitucionales para no aprobar el proyecto de ley". En igual sentido se pronunció el presidente de la Corte, Rodrigo Escobar Gil cuando dijo que "lo que decidió la Corte puede ser regulado de manera diferente por el Congreso en dos o tres meses, siempre y cuando se respeten los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo".

En este orden de ideas, el proyecto que hace trámite en el Congreso se vuelve complementario de la sentencia de la Corte, pues ya reconocidos los derechos patrimoniales a las parejas homosexuales, lo que hace falta es reconocerles el derecho a la seguridad social, es decir, el derecho a afiliar al compañero a una EPS y a que éste reciba la pensión en caso de muerte.

La Iglesia Católica, férrea opositora del proyecto que cursa en el Congreso, recibió con mesura la decisión de la Corte, pero por intermedio de monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, advirtió: "Nos preocupan las motivaciones, parece que se quisiera introducir una figura matrimonial que no tiene sentido. Eso no se puede aceptar porque afecta a largo plazo a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad".

Por su parte, monseñor Fabián Marulanda, secretario General del Episcopado, dijo que  en materia de derechos patrimoniales los homosexuales "deben disfrutar de los mismos derechos de cualquier ciudadano del país" y advirtió que "lo único que la Iglesia reclama es que eso no se llame matrimonio".