1. ¿Qué impresión le deja a la Corte Suprema el resultado de la investigación del CTI sobre los seguimientos y las 'chuzadas' del DAS a miembros de la Corte y líderes de la oposición?
De perplejidad. Y no solo porque se comprueba la realidad que de tiempo atrás inquietaba a la Corte, sino por el resquebrajamiento del funcionamiento de nuestro sistema democrático. En dos oportunidades, altos funcionarios del DAS negaron que eso estuviera sucediendo, y en una de ellas llegaron a sugerir inclusive que se trataba de meras imaginaciones y delirantes sospechas.
2. Al menos hasta ahora, las responsabilidades están quedando en cabeza de una ex directora del organismo, y de posibles responsables de la Casa de Nariño, de la que depende directamente el DAS, nada se sabe. ¿Qué opina?
La Corte espera confiada, pero enérgica, que las investigaciones judiciales a cargo de la Fiscalía y las disciplinarias que emprendan los organismos de control, lleguen al fondo de la verdad y se impongan las sanciones ejemplares para autores materiales e intelectuales.
3. ¿Han considerado la Corte o algunos magistrados denunciar ante instancias internacionales persecución por parte del Ejecutivo?
En época de una corte global, de una justicia globalizada, todos los ojos apuntan a la administración de Justicia. La Corte anhela que de los titulares de prensa se pase a las decisiones judiciales.
4. ¿Qué mecanismo de protección reclama la Corte para sus magistrados?
Los mismos que deben otorgarse para garantizar el pleno ejercicio de la independencia y autonomía de la Justicia. El deber de protección comprende el acompañamiento de la sociedad y la especial protección del Estado.
5. ¿Está en riesgo la institucionalidad del país?
El fenómeno delincuencial de las denominadas 'chuzadas' no solo conspira contra la Justicia. Es un problema que compromete la supervivencia de los órganos públicos y de la sociedad entera.
6. ¿Cree que los delitos que han cometido funcionarios del DAS y presumiblemente funcionarios de la Presidencia van a quedar impunes?
Sin desconocer la gravedad de los hechos, es un riesgo que ni siquiera cabe la posibilidad de considerarlo. La confianza irrevocable en nuestra administración de justicia nos hace pensar que se conocerá la verdad y que los responsables de tan repudiables acciones serán sancionados.
7. ¿Existe alguna fórmula para restablecer relaciones armónicas entre la Corte y el Gobierno?
La única fórmula para lograr el trabajo armónico del Estado es el cumplimento de la Constitución y la ley, la observancia ininterrumpida del paradigma democrático de la colaboración entre las distintas ramas del poder público en un clima de respeto y cooperación.
8. ¿Una segunda reelección del presidente Uribe qué tan seriamente compromete el equilibrio de poderes?
La respuesta está a cargo del Congreso de la República en ejercicio de su soberanía funcional.
9. ¿Cuáles son las prioridades de su agenda?
El fortalecimiento de las líneas de acción que comprometen la función de la Corte, en continua interacción con lo que ocurre en el mundo de la justicia globalizada, y seguir en la tarea de mis predecesores con la misma devoción y en la búsqueda incansable de los altos fines del Estado.
10. ¿Estaría de acuerdo con restablecer el sistema de cooptación para evitar la politización de la selección de los magistrados de las cortes?
De lo que se trata es de encontrar un equilibrio para que los magistrados puedan actuar con plena independencia frente a quienes los postulan y eligen. En todo caso existe una especie de cooptación, pues la Corte designa los magistrados de listas que remite el Consejo de la Judicatura. Debemos reflexionar mucho antes de intentar cualquier innovación.
¿QUIÉN ES AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN?
Nacimiento: Tunja, 1958.
Estudios: Derecho, Universidad Externado de Colombia, especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas, Universidad de Salamanca, España.
Cargos: profesor universitario, ministro de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, conjuez del Consejo Superior de la Judicatura.
Pasatiempos: Lectura y cocina.