CAMBIO: A dos años de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, ¿se salva algo?
GUSTAVO GALLÓN: La ley ha permitido que las víctimas puedan confrontar a sus victimarios para reclamarles verdad y reparación, pero el Gobierno, que no contó con los cambios que le introdujo la Corte Constitucional, anda empeñado en torcerle el cuello para hacer menos efectivos sus alcances.
¿Cómo?
Por medio de los decretos reglamentarios en los que, por ejemplo, se abroga el derecho de decir cuándo, dónde y cómo un paramilitar puede ser sujeto de aplicación de la ley, un tema judicial que no es del resorte del Ejecutivo.
¿Ha mejorado en algo la situación de los derechos humanos desde la desmovilización de las Auc?
La impunidad reina en esa materia. Entre 2002 y 2007 no pasó más de una semana sin que se registraran violaciones a los derechos humanos. Pero los perpetradores continúan accediendo a los beneficios de la ley.
El Gobierno sostiene que gracias a la Seguridad Democrática se ha desmantelado el paramilitarismo y se han conocido sus crímenes.
No es cierto. Eso se debe a las actuaciones del aparato judicial, que el Gobierno ha querido poner en tela de juicio. Decir que las verdades que están saliendo a flote son gracias al Gobierno, es una gran mentira que no corresponde a la realidad.
¿Qué ha pasado con el reclutamiento de menores del que nadie habla?
Los paramilitares no han hecho efectiva la entrega de los menores, y siguen reclutando en Sucre, Bolívar, Valle, Chocó, Antioquia, Bogotá... Es un grave síntoma de que no tienen intenciones de desarticular sus estructuras armadas. Y peor aún es que el Estado no ha tomado medidas en esa materia.
El Gobierno dice que no entiende que quienes criticaban la Ley de Justicia y Paz porque era resultado de un pacto para no extraditar a los paramilitares, ahora lo critican por ordenar su extradición...
El Gobierno distorsiona los argumentos. Seguimos criticando esa ley porque favorece la impunidad a pesar de que la Corte Constitucional corrigió los entuertos. No tiene sentido que el Estado colombiano claudique a juzgar a personas por crímenes de lesa humanidad y las entregue a Estados Unidos para que las juzgue por narcotráfico, que es un delito menos grave.
¿Por qué teme que no haya reparación y verdad?
Las víctimas se preguntan por qué quieren truncar un proceso de indagación que, aunque imperfecto, se ha iniciado. Es muy raro ese afán súbito de extraditar a 'Macaco'. ¿A qué le teme el Gobierno? El argumento de que siguió delinquiendo desde la cárcel no es creíble. Desde hace cinco años venimos denunciando que los paramilitares han ordenado matar a 3.000 personas desde la cárcel y el Gobierno no se ha mosqueado. Además, los mecanismos de cooperación no solo no funcionan adecuadamente, sino que las víctimas no tendrían la oportunidad de confrontar a sus victimarios. Y a los Estados Unidos solo les interesa el narcotráfico.
La parapolítica se ha convertido en una bola de nieve que cada día se lleva a más congresistas. ¿Cree que es inatajable?
Debería serlo porque faltan muchos más, incluidas personas del alto Gobierno. Es un milagro que el país sobreviva sabiendo en qué manos está. No olvidemos que Jorge Noguera, el jefe de Inteligencia de la Presidencia, estaba en connivencia con los paramilitares. Y el primo del Presidente está sindicado por nexos con esos grupos. Esas son palabras mayores que en otra parte del mundo habrían provocado cambios en el régimen.
El Gobierno sostiene que también debe ser investigada la 'farcpolítica'.
Ese argumento lo que busca es desviar la atención de la parapolítica, que cada día lo compromete más. El Estado toda la vida se ha dedicado a perseguir comunistas y todo lo que suene a izquierda, que la considera sospechosa de hacerle el juego a la guerrilla. Por esa obsesión, numerosos sindicalistas han sido hostigados, apresados y hasta asesinados, y en esos actos hay agentes estatales comprometidos. Hay que recordar que en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio la Unidad de Derechos Humanos fue desmantelada, y que en las detenciones masivas promovidas por este Gobierno fueron apresados miles de inocentes por supuestos nexos con la guerrilla.
¿Cómo explica que el Presidente conserve tan altos índices de popularidad?
La popularidad es un fenómeno que hay que tener en cuenta pero es relativo y no absoluto. Más cuando se ganan elecciones en forma viciada por el apoyo electoral de los paramilitares que, según los análisis, le aportaron mínimo dos millones de votos al Presidente. Fujimori tuvo una popularidad alta y hoy está siendo juzgado por sus crímenes.
¿QUIÉN ES GUSTAVO GALLÓN?
Al frente de la Comisión Colombiana de Juristas, que fundó en 1988 y que ha venido representando a víctimas en el proceso de Justicia y Paz, ha desarrollado una incansable labor en defensa de los derechos humanos.
Nacimiento: Cali, 1952.
Estado civil: casado, dos hijos.
Estudios: Derecho, Universidad Externado de Colombia; especialización en Derecho público, Universidad de París, y estudios de doctorado, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Cargos: fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas; representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial.
Pasatiempos: música, cine, lectura.