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Gustavo Gallón, director Comisión Colombiana de Juristas, respondio las 10 preguntas de CAMBIO.
CAMBIO: ¿Cómo ve la situación de las víctimas de los paramilitares?
GUSTAVO GALLÓN: Incierta porque es un proceso en construcción. Hasta ahora las entidades estatales, comenzando por la Fiscalía, están empezando a reconocer los derechos de las víctimas y las formas de hacerlos efectivos, pero su desprotección es muy grande. El crimen de Yolanda Izquierdo, vocera de las familias a las que los paramilitares les robaron sus tierras en Córdoba, confirma esa desprotección. Sí, confirma lo que hemos advertido repetidamente en el sentido de que muchas víctimas no están compareciendo a los procesos de la Ley 975, pues temen por su seguridad debido a que en muchas regiones los paramilitares no se han desmovilizado realmente. En algunas actúan como en el pasado y en otras siguen con retaguardias armadas que les permiten garantizar el control físico, político y económico de esas regiones. ¿Qué piensa sobre la transmisión por TV de las audiencias con los jefes paramilitares? La transmisión de las audiencias la pedimos a la Fiscalía en su momento y no hizo caso. Por eso creo que estamos en un proceso de aprendizaje en la aplicación de las normas porque la Ley de Justicia y Paz es una ley de impunidad con muchos vacíos que, afortunadamente, la Corte Constitucional corrigió al declarar inexequibles normas clave. Existe preocupación por la posibilidad de que los paramilitares aprovechen esas transmisiones para hacer apología del delito. Eso se corrige con una efectiva diligencia del fiscal de turno o del magistrado de control de garantías, que tiene que dirigir la audiencia. Hasta ahora la Fiscalía ha sido muy tímida y ha dejado que esos señores digan lo que quieran.Las audiencias no pueden basarse en que ellos digan lo que les dé la gana. ¿Por qué la Comisión Colombiana de Juristas ha hecho tantos reparos en el tema de la reparación a las víctimas? Porque el incidente de reparación tiene un tiempo muy corto para ser resuelto lo que lo hace inviable. En el caso de Mancuso, por ejemplo, él reconoció 83 casos entre masacres y homicidios, y eso no se despacha en un día o en 83 días, si le damos un día a cada caso. La reparación puede tardar años y el problema es que el incidente debe ser resuelto antes de que se dicte sentencia.