De Frente. Maria Elvira Samper

Cuestión de conciencia

No contribuye a la “mayor gloria de Dios” darle la espalda a la realidad de que 400.000 abortos al año son un problema de salud pública.

El aborto está de nuevo en el centro del debate público por cuenta de un fallo de tutela de la Corte Constitucional que amparó el derecho de una mujer a interrumpir el embarazo por graves malformaciones del feto, derecho que le fue negado mediante todo tipo de argucias. La Iglesia puso el grito en el cielo porque el aborto atenta contra sus principios doctrinarios y lo mismo hizo el precandidato conservador José Galat, cruzado católico, que publicó un aviso para invitar a la “resistencia civil contra el aborto criminal”. Por su parte, el procurador Ordóñez acudió hábilmente a argumentos jurídicos para cuestionar la competencia de la sala que revisó la tutela y así soslayar el hecho de que se opone al aborto por sus creencias religiosas.

Pero fue tendenciosa y amarillista la forma como, en general, los medios dieron la noticia. Por llamar la atención tergiversaron el espíritu del fallo y lo convirtieron en lo que no era: una orden para que los colegios introduzcan en sus programas una mal llamada “cátedra del aborto”. El fallo no ordena, como tendenciosamente fue interpretado, hacerle propaganda al aborto y enseñar que es un derecho absoluto, una práctica obligatoria o un método de planificación. No, se trata de que los adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos para que sean responsables de sus actos, para que, como seres sexuados que son —con las hormonas en el máximo nivel de alborote— aprendan a conocer y a respetar sus cuerpos, que sepan cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de no aplazar el “gustico” para que puedan tomar decisiones informadas.

Eso no impide que los colegios de religiosos, paralelamente a la pedagogía sobre esos derechos, puedan enseñar que el aborto, aun en los casos en que está despenalizado, y el uso de métodos anticonceptivos artificiales significan la condena eterna para quienes incurren en esas prácticas. Los alumnos sabrán si les creen o no. Pero no pueden negarles el derecho a estar informados sobre las consecuencias de la iniciación sexual temprana y de las relaciones improvisadas.

La Iglesia defiende sus principios y habla por los suyos, pero su posición es discutible desde puntos de vista filosóficos, biológicos e incluso morales, y no obliga al Estado a imponerla como norma general. Incluso voces prestigiosas de la misma Iglesia se apartan de visiones tan cerradas y radicales, ajenas a la vida real y a la ciencia. Por ejemplo, el cardenal Carlo Maria Martini, un jesuita teólogo —papabile por más señas—, sostiene que si bien hay que hacer lo máximo posible para preservar la vida, la vida humana biológica no es un principio absoluto pues por encima está el de la dignidad humana.

Así que no parece ni razonable, ni piadoso, ni contribuye a la “mayor gloria de Dios”, darle la espalda a la realidad: el aborto y el embarazo de adolescentes son problemas de salud pública. En Colombia se practican cerca de 400.000 abortos al año, la mayoría en la clandestinidad en condiciones de riesgo, y la tasa de embarazos es de 22 por cada 100 adolescentes, la más alta del mundo comparada con el 13 por ciento de África, entre el 8 y el 10 por ciento de Europa, el 14 por ciento de Estados Unidos, y entre el 16 y el 18 por ciento de América Latina. Más grave aun es que la mayoría de esos embarazos son producto de una violación —los de las menores de 14 años son considerados abusos aun si la relación fue consentida—, y gran parte termina en aborto e incluso la muerte de la madre.

Es función del Estado proteger la vida de todos, católicos o no. Una forma de hacerlo es mediante planes para disminuir las tasas de aborto y garantizar que en los casos en que está despenalizado se haga en óptimas condiciones, y para reducir el número de embarazos no deseados que, además, significan un peso enorme para el sistema de salud: 1,3 billones anuales.

Bien por la Corte Constitucional que vela por derechos de las mujeres que, como el de interrumpir el embarazo en tres casos específicos, son sistemáticamente negados por quienes están obligados a garantizarlos y a hacerlos efectivos, y que despeja dudas y desenmascara a quienes incumplen la ley. Su reciente fallo responde a la necesidad de proteger derechos fundamentales que son, en su esencia, derechos de libertad: de conciencia, de religión, de culto, de decidir sobre aspectos que tocan con la intimidad personal.