Noviembre 18 de 2009
Gobierno español afronta una nueva crisis
No está claro si les fue pagado un jugoso rescate de 4 millones de dólares a los piratas que secuestraron un barco atunero.
Este viernes, cuando el barco español 'Alakrana' llegue por fin a las Islas Seychelles, al norte de Madagascar, tras 47 días secuestrado por piratas somalíes en aguas del océano Índico, concluirá el 'infierno' al que, en sus propias palabras, se vieron sometidos sus 36 tripulantes, así como sus familiares en tierra.
Pero para el Gobierno español, que pasada la euforia y el alivio de la liberación deberá rendir cuentas sobre cómo ocurrió el secuestro y explicar los términos del rescate, la crisis está lejos de ser superada. No está claro si, como dicen los piratas, les fue pagado un jugoso rescate de 4 millones de dólares que no ha sido reconocido por el gobierno español. "El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer dentro de la legalidad, en este caso cooperando con el armador", dijo el jefe de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Más aun, la recomendación de la ONU de no pagar rescates, dejó la sensación de que la historia no se ha acabado de contar: "No tenemos una reacción particular sobre este incidente, sin embargo, la ONU, en su política interna, nunca ha contemplado el pago de rescates o que se hagan concesiones y, ciertamente, no aconsejamos a otros Estados que lo hagan", dijo el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
El cautiverio del atunero procedente de la norteña región del País Vasco, estuvo marcado por la detención el 3 de octubre y posterior traslado a España de dos de los supuestos piratas, lo que condicionó las negociaciones con los secuestradores, que exigían la entrega de sus compañeros.
El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz concluyó el lunes el sumario abierto contra los hombres, 'Abdu Willy' y 'Raageggesey Adji Haman', a quienes imputó 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.
Sin embargo, en una decisión que suscitó críticas, el magistrado optó por no procesarlos por asociación ilícita, lo que de inmediato abre la puerta a su extradición. Esta, dadas ciertas condiciones procesales, sería una forma indirecta de satisfacer las demandas de los piratas, que pedían que los dos prisioneros fueran devueltos. Ahora podrían ser 'expulsados' en aplicación de la Ley de Extranjería.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega negó cualquier tipo de compromiso de parte del Ejecutivo para repatriar a los piratas en poder de la Justicia. A pesar de ello, la oposición del Partido Popular (PP) anunció que pedirá al Gobierno asumir sus "responsabilidades" en el manejo de la crisis.
Las críticas se dirigen, particularmente, al precedente que ofrece el caso del atunero 'Playa de Baquio', que estuvo secuestrado entre el 20 y el 26 de abril del año pasado. El caso, trascendió, finalizó una vez pagado el rescate. Es obvio, aseguran los detractores del manejo dado a la emergencia del 'Alakrana', que piratas que ya obtuvieron un pago -ahora, dos- al raptar un barco español van a atacar otras naves a la menor oportunidad.
Los armadores españoles, por medio del director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), José Ángel Angulo, expresaron su esperanza de que el secuestro del 'Alakrana' sea la última acción de este tipo. "Esperemos que este sea el segundo y último secuestro y que no tengamos que lamentar en el futuro ningún tipo de acción por parte de los piratas", aseveró. Ante la petición de los armadores de refuerzos militares a bordo de sus embarcaciones, el Ministerio de Defensa español recordó que esa medida no está permitida por el ordenamiento jurídico del país.