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Varias veces se ha creído que el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti y el derrocado presidente Manuel Zelaya llegarán a un acuerdo que sacará a Honduras de la profunda crisis en la que está sumida desde hace más de cuatro meses. Varias veces, también, las cosas han terminado complicándose aún más de lo que estaban antes de la firma de un acuerdo o de un apretón de manos de emisarios.
Esta semana, la historia volvió a repetirse. Después de que el 30 de octubre se llegó a un acuerdo fundamental para formar el llamado "gobierno de unidad y reconciliación nacional", que incluía la posibilidad de la restitución de Zelaya en el poder, previa aprobación del Congreso, el optimismo naufragó en un mar de dilaciones, interpretaciones amañadas y negativas.
Zelaya se retiró de la mesa de negociaciones cuando el gobierno de Micheletti le envió una carta en la que le pedía una lista de posibles miembros del gobierno de unidad para considerar sus nombres.
Según el derrocado mandatario, eso constituía una imposición no prevista en el acuerdo, cerrado bajo la presión de Washington. Era lógico que antes de formar un gobierno de unidad, Zelaya aspirara a ser restituido. Y pasó lo esperado. Al no enviar sus propuestas, Micheletti nombró un gobierno de unidad, pero bajo su mando. Su argumento: al no enviar los nombres, quien rompió el acuerdo fue Zelaya.
Cunde el pesimismo
Con las mutuas acusaciones, el optimismo por el acuerdo, elogiado por EE.UU. y por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un avance democrático, se esfumó rápidamente.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada esta semana para evaluar la situación en Honduras tras la interrupción del proceso de ejecución del llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José, el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, fue enfático al afirmar que es muy difícil que las partes retomen el diálogo.
Además, señaló que, bajo ese contexto, la organización no puede "ni siquiera considerar" enviar una misión de observación para las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, lo que da luces en el sentido de que quizás el organismo no avalaría los comicios. Insulza, además, defendió al depuesto mandatario al afirmar que Zelaya no propuso los nombres porque en la misiva que le envió Micheletti, el 3 de marzo, quedó claro que el presidente de facto iba a formar un gobierno de manera unilateral y dirigido por él.
Y aseguró que el hecho de que el Congreso hondureño haya pedido opiniones no vinculantes a diferentes entes del país, entre ellos la Corte Suprema y el Ministerio Público, "muestra interés por demorar" su decisión respecto de la reinstauración en el poder de Zelaya.
En una de las largas conversaciones que Zelaya -refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa desde el pasado 21 de septiembre- ha tenido con Insulza en los últimos días, el depuesto presidente le dijo al diplomático que siente que su "frustración llegó al límite" y que no está "dispuesto a hacerle el juego a la dictadura".
Según Zelaya, Honduras vive bajo un régimen dictatorial desde la madrugada del 28 de junio, cuando un grupo de militares lo sacó de su casa en pijama y lo envió a Costa Rica, con el argumento de que había violado la ley por intentar convocar un referendo constitucional para la reelección.
El Gobierno de facto sostiene que ninguna de las partes puede dar por fracasado el acuerdo y que eso solo le compete a la Comisión de Verificación, en la que participan como miembros internacionales el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de EE.UU., Hilda Solís.
Pero Insulza insiste en que la solución pasa por la renuncia de Micheletti, para que el Congreso pueda pronunciarse libremente sobre la restitución de Zelaya y allanar así el camino para la creación del gobierno de unidad y la celebración de las elecciones.
Sin luz al final del túnel
Con tanto enredo, la única palabra con la que el embajador de Brasil ante la OEA, Ruy Casaes e Silva, atinó a calificar la situación en Honduras fue de "telenovela".
La mayoría de países presentes en el Consejo Permanente de la OEA, liderados por Venezuela y Nicaragua, intervinieron para denunciar la actitud 'descarada' del gobierno de facto, que juega al gato y al ratón con la OEA para ganar tiempo y evitar el retorno de Zelaya antes de las elecciones. Y reiteraron que no reconocerán el resultado de los comicios si Zelaya no vuelve al poder.