Septiembre 2 de 2009
Manifestaciones contra el Gobierno en Venezuela podrían ser castigadas como delitos
La propia fiscal dijo que las conductas de quienes se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido pueden estar encuadradas en el tipo penal.
La primera impresión fue que la detención de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas sería temporal: un susto más en medio del tenso clima político venezolano. Muy pocos se los imaginaron presos más de una noche por haber marchado la semana pasada hacia el Tribunal Supremo de Justicia solicitando un amparo contra las leyes que han llevado a su mínima expresión las competencias y recursos de esa Alcaldía desde que ganó el opositor Antonio Ledezma.
Pero su protesta -que terminó en humaredas de gases lacrimógenos- significó el encarcelamiento a los funcionarios por la supuesta comisión de los delitos de obstrucción en la vía pública y alteración del orden, aunque llevaban carpetas y pancartas. A ellos se les sumó la detención del prefecto de Caracas, Richard Blanco, a quien se le acusa de haber lesionado a un policía en la marcha del 22 de agosto contra la Ley de Educación. Las autoridades venezolanas insisten en que los marchistas instigaron a la violencia, y también ordenaron la captura de Óscar Pérez, otro activista opositor que pasó a las filas de la clandestinidad.
Aunque en Venezuela hay aproximadamente 2.200 personas detenidas en los últimos 9 años por protestar contra el Gobierno, la inverosimilitud de las detenciones de los funcionarios de la Alcaldía y la represión de las últimas marchas opositoras son señaladas como el comienzo concreto de una etapa de la 'revolución bolivariana' para silenciar toda forma de disidencia. "El mensaje implícito de estas medidas tenebrosas es decirles a los ciudadanos que quieren quejarse y reclamar que ya saben que si protestan y reclaman tendrán como destino (las cárceles de) Yare o La Planta", advirtió el alcalde Ledezma.
En esa estrategia despunta una máxima paradoja, pues será la Fiscalía General de la República, y no el Gobierno, la encargada de solicitar juicio y cárcel para quien proteste.
Así lo dejó claro la propia fiscal general, Luisa Ortega Díaz: "Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública, con cuyas acciones, todos los que las ejecutan, están atentando contra el Gobierno constitucionalmente electo (...) Entonces, estas conductas pudiesen estar encuadradas perfectamente en el tipo penal. Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", concluyó en su programa de radio.
En concreto, las consecuencias no son otras que la aplicación del concepto de "rebelión civil" -establecido en el código penal- con su respectivo castigo de entre 12 y 24 años de cárcel, aunque el derecho a la protesta pacífica está consagrado en la Constitución Bolivariana.
La persecución judicial, hasta ahora, ha servido para hacer huir, incluso, a máximas figuras de la oposición venezolana, que prefirieron hacerlo antes de enfrentarse a un poder judicial controlado por el chavismo. La pregunta que pesa en el ambiente es si el ciudadano común opositor sucumbirá ante esa amenaza, y la respuesta podría verse en vivo y en directo este sábado si la gente acude a la convocatoria de la dirigencia opositora a manifestarse de nuevo en las calles de Caracas.