Mayo 20 de 2009
Tres casos reabren debate de la pena de muerte en Estados Unidos
La aparición de pruebas y el cambio en las condenas han permitido que este castigo se revise con lupa antes y después de ser aplicado.
La falibilidad del sistema legal es uno de los principales argumentos contra la pena de muerte. La semana pasada, dos casos parecieron apoyar este punto de vista: el de Justin Wolfe -condenado por homicidio y a quien el lunes 11 una corte de Virginia le reconoció una apelación y ordenó revisar nueva evidencia que podría probar su inocencia siete años después de haber sido condenado a muerte- y el de Paul House -condenado a 20 años en 1986 por violación y asesinato en Tennessee y a quien un fiscal le retiró los cargos el pasado martes.
Los abogados de House lograron que la Corte admitiera una prueba de ADN que no existía cuando fue condenado. La propia Fiscalía consideró que el caso carecía de sustento y lo exoneró justo el día en que se cumplían 16 años de la ejecución en Texas de Leonel Herrera, acusado del asesinato de dos policías a pesar de que diligencias posteriores establecieron que su hermano, y no él, era el autor del crimen.
Un magistrado que estuvo en desa-cuerdo con la decisión de la Corte que le negó una nueva audiencia expresó: "Así como está mal ejecutar a alguien sin un debido proceso, está mal ejecutar a un prisionero que puede probar que es inocente. La ejecución de alguien que podría demostrar su inocencia se acerca peligrosamente al asesinato, simple y llano". Con Wolfe y House, suman 132 los prisioneros exonerados en EE.UU. desde 1973, tras haber sido condenados a muerte en procesos considerados justos.
Han pasado casi 20 años desde que el agente Mark McPhail fue asesinado en un parqueadero de un Burger King en Savannah, Georgia. Troy Davis, entonces de 20 años, fue capturado y acusado del crimen, y menos de dos años después condenado a muerte a pesar de que no había pruebas materiales en su contra.
La condena se basó en nueve testigos que lo señalaron como el homicida, y pese a que desde entonces siete de ellos se han retractado alegando coerción policial, es posible que ninguna corte revise el caso. "El problema es que la octava enmienda establece que no es inconstitucional ejecutar a una persona inocente si el Estado cree que se le dio un juicio justo", dice la hermana de Davis, Martina Correia, quien pidió llevar la nueva evidencia ante un jurado.
La Corte de Apelaciones rechazó una nueva audiencia y se ratificó en la condena. Una magistrada se apartó del fallo y declaró: "Ejecutar a Davis a pesar de la cantidad de evidencia que podría establecer su inocencia es inconstitucional". La ejecución, que ha sido aplazada tres veces, está suspendida a la espera de una decisión de la Corte Suprema. Si el tribunal rechaza la apelación, el estado de Georgia podrá fijar nueva fecha para la ejecución.
Esta semana, Correia encabezó una manifestación a favor de su hermano, que dio inicio a una jornada mundial de apoyo. Y una convocatoria online apoyada por Amnistía Internacional y miles de personas en todo el mundo piden indultar a Davis.