"Venezuela, un país de propietarios". Con esta última frase, un comercial de televisión promovido por una organización de formación política apenas se anticipó a un mensaje que dio el domingo el presidente Hugo Chávez y que cayó como piedra: "No hay tierra privada, yo así lo digo. Puede haber ocupantes y productores, produciendo la tierra, pero si no la producen bien, pierden el derecho a explotarla".

Desde hace unos cuatro años el gobierno venezolano comenzó su viraje hacia una reforma agraria que promete la lucha contra el latifundio y la repartición equitativa de tierras entre los campesinos y garantizar soberanía alimentaria.

Unas intenciones que, hasta la fecha, le han permitido al Gobierno "recuperar" 2,5 millones de hectáreas de terreno pagando a los propietarios un monto mínimo de sus activos -en el mejor de los casos- pero sin reconocer su condición de dueños.

De hecho, decenas de demandas para que se reconozca la titularidad de las tierras reposan sin respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia.

Pero la demolición del concepto de propiedad privada amenaza con trascender la esfera rural. ¿Será que su frase de "No hay tierra privada" no se convertirá con el paso de los días en "No hay propiedad privada"?

Aunque semana tras semana tanto el presidente Hugo Chávez como el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, anuncian la toma de terrenos y haciendas (algunas, como de la empresa Santa Teresa, en plena producción de caña de azúcar), el parlamento cocina una ley que podría cambiar todo el esquema de propiedad en Venezuela.

Se trata del proyecto de ley de 'Propiedad Social', que si bien no anula la propiedad privada en forma explícita como forma de posesión y uso de bienes, la relega a un último plano de tenencia de bienes tras consagrar a la propiedad social, la propiedad pública, la propiedad colectiva y la propiedad mixta.

En un par de líneas, el proyecto otorga la facultad al Presidente de "decretar la adquisición forzosa, mediante justa indemnización y pago oportuno, de la totalidad de un bien o de varios para declararlos de propiedad social". El objetivo final es, según el polémico proyecto, el establecimiento de la economía socialista.

El politólogo y profesor de la Universidad Central, Carlos Romero, opina que tanto el anuncio de Chávez, como el proyecto de ley resquebrajan la actual estructura política y económica venezolana.

"Asistimos a un caso en el que el Estado, en vez de garantizar el orden, lo subvierte. Las declaraciones del Presidente no tienen asidero jurídico, pues queda claro en la Constitución que el Estado solo puede intervenir cuando el terreno no está productivo y al propietario se le debe dar oportunidad de probar su titularidad".

Fundar otro orden

Otras frases de Chávez ponen en duda este concepto. A su juicio, terrenos sembrados por caña de azúcar pueden ser expropiables porque este cultivo agota rápidamente la tierra, cuando su destino debe ser la producción de tomates, pimientos o cebollas, "porque son terrenos de la máxima calidad".

"Por su parte, si se aprueba ese proyecto de ley quedan en el limbo mucho más que las tierras. Se incluye el campo inmobiliario. ¿Qué pasará con lugares que no están ocupados permanentemente? ¿Con depósitos, viviendas vacacionales o para alquiler? Esa ley reinterpreta el marco jurídico venezolano y le da un zapatazo a la Constitución", dice Romero.

Mientras se aprueba esta ley, que para muchos podría tocar la fibra más íntima de la propiedad, como la vivienda y los negocios pequeños, el Gobierno avanza en la reconcentración de actividades que considera estratégicas y fundamentales para el desarrollo de bien colectivo.

Esta última semana, amparado por otra ley relámpago aprobada por la Asamblea Nacional, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asumió el control de las actividades de transporte de personal, herramientas y equipos así como de inyección de agua y gas a los pozos y la administración de muelles y puertos relacionados con la producción petrolera.

Todas estas actividades eran subcontratadas por Pdvsa que, en menos de un día, asumió la nacionalización de unas 40 compañías y absorbió a 8.000 empleados.

El Gobierno alegó que se ahorraría unos 700 millones de dólares en pagos, pero lo cierto es que hasta la fecha, a estas empresas la estatal petrolera les adeuda más de 13.000 millones de dólares, que ahora, gracias a la ley recién aprobada, podrá pagar con bonos o cualquier otro papel reconocido jurídicamente.

Justamente el tema de las indemnizaciones es una de las principales debilidades de su proyecto socialista.

Con las recientes nacionalizaciones y un ingreso petrolero mermado por la caída de los precios del crudo, el propio Chávez ha dicho que no necesariamente pagará con dinero cuando se trate de "recuperar" terrenos o compañías que considera estratégicas.

"Ni crean que será con dinero", dijo al nacionalizar las cementeras. Los voceros de las principales asociaciones de industrias y empresas del país han expresado alarma ante estos anuncios. "Sabemos en qué terminan las negociaciones, el Gobierno no paga absolutamente nada", opinó Ismael Pérez, de Conindustria.

Apoyo popular

Sin embargo, la preocupación de los productores y empresarios aún no llega al común de las personas, que a pesar de las últimas decisiones sigue expresando confianza en que se respetará la propiedad.

Así lo refleja la última encuesta de Datanálisis, que señala una paradójica apreciación: mientras un escaso 23 por ciento de los venezolanos aprueba la toma militar de las empresas, el 57 por ciento cree que el Gobierno respeta la propiedad privada, y 87 tiene la esperanza de que el proyecto socialista no acabará con ella.