Abril 6 de 2009
¿Justicia de bolsillo en Venezuela?
Las decisiones judiciales en contra de sus opositores, entre ellos su ex ministro de Defensa, tienen al gobierno de Hugo Chávez en el ojo del huracán.
La última gira de Hugo Chávez coincidió con la semana más negra para la Justicia venezolana que, como nunca, ha dado pruebas de parcialidad a favor del chavismo a través de sentencias, procedimientos y actuaciones cuyas víctimas son figuras emblemáticas de la oposición.
En cuestión de días, el ex ministro de la Defensa, general en jefe retirado y antiguo 'salvador' de Chávez, Raúl Isaías Baduel, fue detenido en una operación comando. Aun cuando el General estaba cumpliendo su régimen de presentación cada 15 días ante los tribunales militares, se decidió retenerlo para acusarlo de la supuesta sustracción de 11.000 millones de bolívares (poco más de 5 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio.
Poco antes, el ex gobernador del Zulia y líder opositor, Manuel Rosales, fue testigo de cómo el juicio del que es objeto -también por la supuesta incapacidad de justificar un ingreso de 174 millones de bolívares- fue sacado de su jurisdicción natural, en el estado Zulia, para ser radicado en Caracas. En la capital, el tribunal asignado permaneció sospechosamente cerrado desde su asignación y sus abogados no han tenido acceso al expediente acusador.
Estas irregularidades lo motivaron a tomar la decisión de "resguardarse", para preparar su defensa evitando su detención en lo que, para muchos, es un juicio cuyo final está escrito y del cual saldrá culpable, pues el presidente Chávez lo dijo con su propia voz: "A ese lo voy a meter preso". El 20 de abril será la primera audiencia, a la que nadie sabe si acudirá.
Pero el máximo estremecimiento ocurrió el viernes 3 de abril con la sentencia a la pena máxima de 30 años para tres ex comisarios de la Policía Metropolitana y varios de sus efectivos, por haber facilitado armas y disparado contra chavistas que defendían el palacio presidencial el día antes del fallido golpe de Estado, el 11 de abril de 2002.
La sentencia dejó un amargo sabor pues ocurrió tras tres años y 13 días de juicio sin que se mostrara públicamente alguna prueba clara de la culpabilidad de los comisarios, quienes además fueron los únicos que se entregaron a los tribunales y también los únicos a quienes se les negó una amnistía en el 2007 para absolver a los involucrados en los hechos del 11 de abril.
"¡Es una monstruosidad!", escribió Teodoro Petkoff en un editorial del diario TalCual, para quien las últimas actuaciones judiciales recuerdan "los episodios tristes de la patria, cuando el poder fue ejercido para la venganza personal del mandón de turno". Sobre los asesinados y heridos del lado opositor todavía no hay culpables apresados, procesados o sentenciados. Chávez manifestó desde Irán que, aunque 'tardía', la sentencia "es una brisa refrescante".
Los afectados por las sentencias se concentran ahora en llamar a la sociedad a luchar por la restitución del Estado de Derecho. En un video tomado por su hijo, el general Baduel pidió a los venezolanos convocar a una Constituyente para "salvar la democracia".