Julio 16 de 2008
Presidente a la cárcel
El arresto del mandatario de Sudán abre un debate sobre la justicia y los dictadores.
LA SOLICITUD DE ARRESTO emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, es un hecho sin precedentes. Y no está exento de riesgos. Aunque la Corte ya había procesado a otros jefes de Estado como el liberiano Charles Taylor y el ex presidente yugoslavo Slodoban Milosevic, se trata de la primera vez que la emprende contra un líder en ejercicio.
El argumento de la Corte, encabezada por el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, es que "Al Bashir orquestó un plan para destruir a las poblaciones de Fur, Masalit y Zaghawa. Su excusa fue la contrainsurgencia, pero su intención fue el genocidio". En el plan participaron sus fuerzas de seguridad, que apoyan a grupos rebeldes que operan en la región de Darfur, donde han muerto cientos de miles de personas y se han desplazado más de 2,5 millones. "Hay mujeres de 70 años que están siendo violadas. Niños asesinados. No necesitamos esperar para actuar", afirma Moreno al explicar la decisión. La Corte presentó diez cargos contra el Presidente sudanés: tres por genocidio, dos por asesinato y cinco por crímenes contra la humanidad".
Más allá de la pertinencia de la presentación de cargos, existen inquietudes sobre el efecto que tendrá esta decisión sobre la población civil y sobre las posibilidades de una negociación de paz.
En respuesta al inédito fallo, Al Bashir alega que la Corte no tiene competencia en su país, porque no es firmante de la CPI. Pero en la comunidad internacional hay serios cuestionamientos a su proceder. Miembros de los cuerpos de paz de la Unión Africana han expresado temor de que podrían ser víctimas de ataques, no solo de soldados del régimen sino de los grupos rebeldes que lo apoyan. Lo mismo piensan grupos que se encargan de distribuir asistencia humanitaria, a los que se amenaza con la expulsión. Lo cual significaría que miles de desplazados que viven hoy en campamentos de refugiados serían abandonados a su suerte.
El fallo de la CPI generará un intenso debate. ¿Se están aferrando los dictadores al poder para esquivar las acciones de la Corte en su contra? ¿Pueden llegar a ser contraproducentes sus fallos? Uno de los asesores del controvertido hombre fuerte de Zimbabue, Robert Mugabe, le dijo al periódico canadiense Global Mail que su jefe no podría entregar el poder porque "no quiere terminar sus días en La Haya".
De acuerdo con el International Crisis Group, existe un conflicto real entre los anhelos de paz y los intereses de la justicia que debe ser considerado a la hora de las decisiones. "Hay tensiones entre paz y justicia. La comunidad internacional debe reconocerlo y aceptar con pragmatismo, y mirando la historia reciente, que la justicia no puede siempre anteponerse", dice el Grupo. Andrew Natsios, ex enviado de Estados Unidos a Sudán va un poco más allá: "Abrir un proceso contra Al Bashir en este momento podría acabar con la última esperanza de lograr una paz negociada en este país".
La revista Time también participó en el debate: "evadir la justicia genera una sensación de impunidad entre personas como Mugabe o Al Bashir, que usan la violencia contra la población civil. Pero para evitar que continúe el baño de sangre, alegan los pragmáticos, la justicia puede ser postergada, al menos hasta que se silencien las armas". Un debate, en fin, complejo y profundo que seguramente durará mucho rato.