Julio 9 de 2008
Cortina de humo
Detrás del cierre de dos canales ecuatorianos estaría el interés reeleccionista del presidente Correa.
EL SÁBADO, en una reunión con altos miembros de su gabinete, el presidente ecuatoriano Rafael Correa hizo un anuncio que fue recibido con beneplácito por los medios de comunicación. Dijo que su Gobierno no intervendría ningún canal de televisión, cadena de radio, periódico o cualquier medio, con miras a mantener la libre expresión como un pilar fundamental de su administración.
Pero tres días después, sus palabras se desvanecieron. En la mañana del martes, fuerzas policiales irrumpieron en las instalaciones de Gamavisión y TC Televisión, dos canales del cuestionado Grupo Isaías, conformado, entre otros, por los hermanos William y Roberto Isaías, prófugos de la justicia ecuatoriana y quienes se encuentran en Estados Unidos.
La decisión de intervenir los dos canales y 193 bienes adicionales del Grupo se tomó, según voceros del Gobierno ecuatoriano, con el ánimo de recuperar los 661 millones de dólares que el esa organización le debe al Estado por la quiebra del entonces Banco Filanbanco que, en 1998, dejó a centenares de ecuatorianos en la calle.
Las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de funcionarios de Gamavisión se agolpó en las azoteas y los pasillos del canal y, a través de carteles que decían "SOS, libertad de expresión, queremos trabajo", le pidieron a Correa que mantuviera sus promesas y le exigieron el respeto a la libre expresión.
El revuelo, originado por las protestas y el inconformismo, provocó la renuncia del ministro de Economía, Fausto Ortiz, quien no pudo ocultarle al presidente Rafael Correa su desacuerdo con el procedimiento. No obstante, de inmediato fue nombrada en reemplazo la parlamentaria Wilma Salgado, quien, luego de asumir su cargo, aseguró que si los dos canales de televisión logran demostrar que no pertenecen a los hermanos Isaías, el allanamiento será reversado.
Para el Gobierno es claro que esta medida contra el Grupo Isaías es justa y legal y busca proteger a los ecuatorianos que perdieron sus dineros durante la crisis financiera del 99. Sin embargo, otra cosa piensan sus críticos. Para ellos, más allá de que los usuarios recuperen su dinero y puedan retomar su capital, la intención del Gobierno es pasarle una cuenta de cobro a sus más férreos opositores que, precisamente, fueron quienes desataron ese colapso económico.
Otra de las respuestas al allanamiento de los canales de televisión la encuentran sus detractores en una posible retaliación del Gobierno contra los grandes grupos financieros que se han convertido en su verdadero dolor de cabeza, pues han sido los más fuertes críticos de las políticas económicas oficiales.
Lo cierto es que esta medida se produce justo en medio de la oleada que ha desatado la Constituyente que, dominada por sectores del oficialismo, pretende darle vía libre a la reelección inmediata de Correa.