El Plan Colombia mexicano

En Tijuana, la policía recoge dos cuerpos de ocho crímenes cometidos el fin de semana pasado. Foto: Efe

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MIENTRAS COLOMBIA se consumía con las noticias de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, México era testigo del nacimiento de la Iniciativa Mérida (también llamada el Plan Colombia mexicano), que busca respaldar con recursos la lucha contra los carteles de la droga que lidera el presidente Felipe Calderón.

El paquete de asistencia fue aprobado por ambas cámaras del Congreso estadounidense hace pocas semanas. La ayuda hace parte del suplemento de emergencia para la guerra en Irak que será aprobado en los próximos días. Y aunque las cámaras autorizaron versiones diferentes que deberán aún ser conciliadas, en principio se trata de entre 350 y 400 millones de dólares, que serían la cuota inicial de un plan diseñado para tres o cuatro años y que tiene previsto distribuir unos 1.400 millones de dólares durante ese período.

A diferencia del Plan Colombia, que fue visto como la tabla de salvación de un Estado acorralado por el poder del narcotráfico y el fortalecimiento de guerrillas y paramilitares que se nutrían con los recursos de la droga, en México la iniciativa ha sido recibida más bien con escepticismo. Incluso, coge fuerza la idea que los mexicanos podrían hasta rechazar la oferta del 'Tío Sam' si no es modificada.

Desde que fue planteada a comienzos de 2007, la iniciativa ha estado marcada por la desconfianza. En México fue interpretada como una intervención a la soberanía. Al fin y al cabo, el Plan Colombia acepta la presencia de un máximo de 800 soldados y 800 contratistas para ayudar con las labores antinarcóticas y antiterroristas.

Estados Unidos y Calderón insisten en que los planes de Colombia y México son muy diferentes. En Colombia, el reto principal eran las guerrillas que brindaban protección a extensos cultivos de coca ubicados en remotos parajes en el sur y el suroriente del país.

En México no existen grupos armados de consideración, la población civil no está de por medio, y los carteles operan con un esquema clásico de organización criminal cuya fortaleza está en la penetración de las fuerzas de seguridad, a través de la corrupción, y un violento "brazo armado". Muy parecido al esquema de los Carteles de Medellín y Cali en la década de los 90. De allí que gran parte del esfuerzo esté concentrado en el entrenamiento de jueces y fiscales, bases de datos para el intercambio de información y equipos para monitorear el tráfico fronterizo.

Aún así, el paquete contempla un componente militar de ocho helicópteros y dos aviones de reconocimiento. Las autoridades creen que los aviones son esenciales en el transporte de tropas. Calderón, desde comienzos de este año, movilizó a casi 40.000 hombres de sus fuerzas de seguridad al norte del país pero carecen de la capacidad de reacción y desplazamiento que exige el control de una frontera tan extensa y porosa.

Sin embargo, lo que tiene enfurecidos a los mexicanos son una serie de previsiones que condicionan la ayuda al fortalecimiento de los Derechos Humanos en México. En particular, una que exige que las cortes civiles juzguen a los militares acusados de violaciones a los DD.HH. Es una cláusula idéntica a la que contiene el Plan Colombia, y que obligó al ex presidente Andrés Pastrana a aprobar durante su gobierno un decreto presidencial que lo autorizaba para retirar del servicio activo al personal vinculado con tales violaciones y bajo el cual Estados Unidos mide la buena voluntad de la justicia castrense a la hora de transferir procesos a la justicia ordinaria.

La medida, además, exige que Estados Unidos "certifique" las unidades del ejército colombiano que pueden recibir ayuda basándose en su récord en DD.HH. Gracias a estas cláusulas decenas de militares pasaron a retiro aunque sus casos apenas eran investigados. Unidades como la base de Palanquero, por ejemplo, fueron suspendidas de la ayuda por acusaciones en su contra.