Inmigrantes ilegales en Italia están contra la pared

Silvio Berlusconi ha cumplido lo que prometió en campaña: una cacería a los ilegales. Foto: Efe

HAY UN FANTASMA que recorre Europa: la fobia por la inmigración extranjera. El tema sube cada día en la agenda comunitaria y también en la de algunos países. En Italia, por ejemplo, tras la reciente llegada de Silvio Berlusconi al poder, las cosas se han puesto 'color de hormiga' para los llamados sin papeles (inmigrantes ilegales).

Berlusconi viene cumpliendo lo que prometió durante la campaña: una cacería contra los ilegales, a los que se les atribuyen los altos índices de criminalidad e inseguridad en el país. Para ellos las cosas están cada día más duras, especialmente para quienes llegan de Rumania. La gota que rebosó la copa fue el intento de secuestro de una bebé el pasado 10 de mayo a manos de una joven rumana de tan solo 16 años. Desde entonces, y por orden del nuevo ministro del Interior, Roberto Maroni, las redadas, expulsiones y ataques con gases lacrimógenos a los campamentos de gitanos e ilegales son 'pan de todos los días'.

Van casi 400 arrestos, más de 100 deportaciones y se esperan muchas más expulsiones bajo la teoría de que el gobierno debe "luchar contra el crimen que está ligado a la inmigración ilegal".

Ha sido tan dura la respuesta del nuevo gabinete, que los países vecinos están empezando a criticarla. En especial el gobierno de España que recientemente, en voz de su ministro de Trabajo Celestino Corbacho, ha tildado a Italia de "querer criminalizar al diferente".

Sin embargo, Italia sigue adelante. El gobierno buscará que los ilegales que viven en Italia sean castigados con cuatro años en prisión en su país de origen. Así mismo propone extender la detención de dos meses a 18 en los centros de procesamiento. También ha planteado que se hagan exámenes de ADN para probar los lazos familiares de quienes afirman tener nexos de sangre con personas en el país, en los casos de reagrupamiento familiar, para demostrar que realmente se trata de familiares directos.

Roma quiere que los inmigrantes presenten pruebas de subsistencia. Quienes devenguen menos de 1.000 euros al mes se tendrían que ir. Además, se espera que en los próximos meses se llegue a un acuerdo sobre la "directiva de retorno a inmigrantes" discutida en Bruselas a principios de este mes por los miembros de la Unión Europea. Su fin es endurecerse frente a los inmigrantes ilegales en toda la Comunidad. El texto sería aprobado con facilidad, pues hay consenso en que se debe apretar el cerco.

De hecho, una eventual demora solo se explicaría porque varios países insisten en medidas todavía más severas. En Francia, el gobierno aspira a que se permita expulsar a menores inmigrantes sin que siquiera hayan acabado el año escolar, como sucede ahora. Alemania, Grecia y Austria se niegan a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes en situación irregular.

La inminente aprobación del texto, y las medidas ya adoptadas por Italia, son vistas con preocupación por muchas ONG para las que equivalen a un regreso a la edad de piedra en materia de inmigración. Su acción busca que el debate se modere y que las acciones que finalmente adopten los gobiernos, o las autoridades comunitarias, sean balanceadas. De lo contrario, se corre el riesgo de usar una cura que puede ser peor que la enfermedad.