Momento de decisión en Bolivia

Partidarios del referendo hacen campaña en Santa Cruz, en desafío al presidente Morales. Foto: AP

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La retórica del presidente venezolano Hugo Chávez a veces es excesiva. Pero cuando dijo la semana pasada que Bolivia estaba "a punto de estallar", no se hallaba distante de la realidad. 

El próximo domingo la Provincia de Santa Cruz, la más rica del país, realizará un referendo sobre un régimen de autonomía que busca cortar los lazos políticos y económicos con La Paz. Aunque no se trata de un movimiento separatista a lo Kosovo, en la antigua Yugoslavia, la iniciativa de Santa Cruz -si prosperara-, dejaría a la provincia como una isla en la mitad de Bolivia: no atendería a las políticas del presidente Evo Morales, no respondería a los mandatos del Congreso y hasta contaría con sus propias autoridades para administrar justicia y orden público. Lo único que lo uniría al resto del país sería  el manejo de la política exterior y las Fuerzas Armadas, que quedan en manos del gobierno central.

El de Santa Cruz no es un caso único. Tarija, Pando y Beni, otras tres provincias de las nueve que componen el país, tienen previstos referendos similares.  La crisis viene calentándose desde noviembre tras la decisión de la Asamblea Constituyente de avanzar en la aprobación de una nueva Carta Magna sin la presencia de la oposición. 

Inicialmente, la Asamblea requería de las dos terceras partes de los votos para aprobar las reformas. Al no poder reunirlos, el Congreso cambio las reglas de juego y bajó la exigencia a la mayoría simple, lo cual dejó a la oposición sin el poder que tenía para frenar los excesos de la bancada gobiernista.    

La situación es crítica y el panorama es confuso. Rubén Costa, prefecto de Santa Cruz y líder de la consulta popular, dice: "No sé si seré gobernador, presidente o prefecto. Pero este 4 de mayo vamos a ser autónomos".

En la nueva Constitución se contempla una autonomía para las regiones pero con el objetivo de redistribuir la riqueza para favorecer a los pueblos indígenas, que representan casi el 60 por ciento de la población. Santa Cruz y las otras provincias renegadas, que son muy ricas en hidrocarburos y productos agroindustriales, lo ven como una nacionalización de los recursos, diseñada para servir al proyecto político del gobierno, pero que arrastrará al país hacia un modelo económico socialista que alejará la inversión. 

Además, pretenden una tajada mayor de las regalías por la venta del gas y petróleo que ellos producen pero que controla el gobierno. Para este último, no obstante, lo que hay es una lucha de oligarcas y terratenientes que se resisten a compartir sus ingresos con las mayorías. Los referendos son ilegales: tanto la Constitución anterior como la nueva requieren de la aprobación legislativa para llevarlos a cabo. Pero están en el centro de un pulso de alta política entre el gobierno y las regiones.

Esta semana en un Consejo Extraordinario de la OEA, en Washington, los embajadores de los 34 países de la región dieron un sólido respaldo al gobierno e hicieron un llamado "al resguardo del sistema democrático y la integridad territorial de la nación". El Consejo volverá a reunirse para escuchar un informe de Dante Caputo, enviado especial del secretario general José Miguel Insulza para mediar con las partes. Caputo se reunió este martes con líderes de la oposición, en Santa Cruz, y con miembros del gobierno en La Paz. Colombia, Brasil y Argentina, que conforman un Grupo de Países Amigos, hacían esfuerzos paralelos para tratar de generar diálogo entre las partes. 

Pero como dijo el propio Insulza, lo de Bolivia es un tema "muy complejo".  Por un lado, el referendo de este domingo podría desencadenar en violencia. Morales insiste en desconocer la iniciativa -pese a que ya es un hecho irreversible- y ha hecho un llamado a las mayorías indígenas para que se opongan. Algunos analistas consideran que Bolivia podría estar a las puertas de una guerra civil, si no se toman correctivos inmediatos. La OEA, por el momento, no parece ofrecer alternativas pues la oposición la acusa de ser un ente que responde a los intereses de Chávez.

Jorge Quiroga, presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 y jefe del opositor Poder Democrático y Social, ha descalificado en varias ocasiones a Insulza y tildado los esfuerzos de mediación del órgano hemisférico como  "parcializados".

Según las últimas encuestas, el referendo será aprobado por un amplio
margen -más del 70 por ciento-. Ilegal o no, si ese pronóstico se concreta será una poderosa expresión popular que no podrá desconocerse.  Los analistas creen que la intención de las provincias, más que separarse del país, es forzar la reapertura de la discusión sobre la Constitución, pero desde una posición de fuerza. "Nadie en este hemisferio está dispuesto a apoyarlos. Y eso lo saben. Tampoco quieren una guerra civil. Pero la oposición cree que, aprobada la consulta, Morales y sus seguidores tendrán que tomar en serio sus exigencias", dice a CAMBIO Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano. Exigencias que, de acuerdo con el mismo analista, tienen sentido. "En un sistema democrático se deben tener en cuenta las voces de la minoría. Un partido no puede imponer su voluntad solo porque ganó las elecciones con un 54 por ciento del voto", añade Shifter.