Crece la violencia en Kenia por posible fraude en las elecciones

Joshua llora a su amigo Godfrey Odniambo, de 12 años, muerto de un tiro en la cabeza en Kisumo, el pasado 1 de febrero. Foto: AP

LAS IMÁGENES DE KENIA todavía no son iguales a las que hace unos años sacudieron al mundo desde Ruanda o Sudán. Pero ya empiezan a hacerse comparaciones con el horror que vivieron -y aún viven- estos países africanos, y sobre la lenta reacción de la comunidad internacional para tratar de impedir una catástrofe humanitaria. Gente decapitada a machete, ejecuciones en las calles, violencia tribal, masivos desplazamientos y destrucción de infraestructura y propiedades, son desde hace un mes pan de cada día para esta nación que hasta el momento había sido considerada una de las mas pacíficas y estables del continente africano.

Todo comenzó a finales de diciembre de 2007, cuando en las más disputadas elecciones presidenciales que se recuerden, el presidente Mwai Kibaki del Partido de Unidad Nacional (PNU), obtuvo una dudosa victoria sobre su opositor, Raila Odinga, del Movimiento Democrático Naranja (ODM). El retraso en la apertura de las urnas en jurisdicciones claves para Odinga y en la publicación oficial de los resultados generó dudas sobre la transparencia del proceso. Pero, sobre todo, porque el actual presidente entró a las  elecciones con la popularidad por el piso y se daba por descontando que pedería.

Kibaki alcanzó la presidencia en 2002, poniendo fin a 24 años de gobierno-dictadura de Daniel Arap Moi y gracias a la ayuda de varios aliados -entre ellos el propio Odinga- que conformaron lo que se conoció como "El sueño Nacional de la Coalición Arcoiris". El electorado confiaba en que Kibaki pondría fin a la corrupción que caracterizó a su antecesor. Pero no fue así. Hoy varios de sus amigos y  servidores están involucrados en escándalos de robo y licitaciones ilegales.

Muchos -entre las que se cuenta Odinga y su nuevo partido- lo abandonaron porque tampoco respetó acuerdos de gobierno. Entre ellos un pacto político que contemplaba compartir la estructura de poder.

Conocidos los resultados de las elecciones, Odinga denunció un fraude, que fue reivindicado parcialmente por varios observadores internacionales -más de 150 enviados por la Unión Europea-.

La situación provocó disturbios que fueron degenerando en violencia tribal entre los Lúos, a los que pertenece Odinga y los Kikuyu, la etnia más numerosa del país y de quien hace parte Kibaki.

Según las últimas cifras, han muerto más de 1.000 personas y más de 250.000 se han visto desplazadas internamente y hacia países vecinos como Uganda.

 La comunidad internacional ha expresado preocupación, pero es poco lo que ha logrado. A pesar de que, con la mediación del ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, gobierno y oposición anunciaron un acuerdo que los obliga, entre otras cosas, a frenar la violencia en un plazo de 15 días, los actos infames se siguen produciendo y no hay señal de que ninguna de las partes quiera ceder en algo.  

Lo grave es que la violencia política ha desatado viejos odios étnicos similares a los que existían en Ruanda. Y el mundo ya sabe lo que pasó allí: cuando finalemnte el mundo decidió intervenir, habían muerto más de un millón de personas.