Diciembre 12 de 2007
La CIA, al banquillo por posibles abusos y la destrucción del video que los comprobaría
EN 1995, EL ENTONCES director de la CIA, John Deutch, pronunció un discurso ante el personal de esta agencia de inteligencia de Estados Unidos en el que les pedía "tomar riesgos" en aras de proteger el interés nacional. Sus palabras en el auditorio de la CIA en Langley, Virginia, fueron recibidas con una amarga y cínica risotada entre los asistentes.
Dos días atrás, Deutch había destituido a Terry Ward, director de las operaciones de la agencia en América Latina, luego de que una comisión nombrada por el presidente Bill Clinton determinara que Ward había ocultado al Congreso reportes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por personal a su servicio durante los años de las guerras en Centro América.
El episodio cobró relevancia la semana pasada. Los medios de comunicación en Estados Unidos revelaron la destrucción de una cinta de video en la que personal de la CIA al parecer emplean métodos que rayan en la tortura para extraer información de dos lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.
Lo emblemático del incidente no son las prácticas en sí, pues la mayoría de los expertos opina que la CIA gozaba de amparo legal para ejecutarlas. El tema se centra en la decisión de destruir evidencia con la aparente intención de evitar repercusiones judiciales futuras y, según dijo el actual director de la Agencia Michael Hyden, para proteger la identidad de los involucrados.
Un hecho que habla de la profunda desconfianza que se ha ido cocinando a lo largo de los últimos años entre la agencia de inteligencia y los políticos del país. "Ellos -los políticos- nos piden que tomemos riesgos. Que actuemos cuando existe inteligencia creíble. Que no paremos ante nada cuando se trata de evitar un ataque terrorista. Pero cuando algo sale mal, como a veces sucede, corren como despavoridos y terminan señalándonos con un gran dedo acusador. Si algo hay claro entre los operarios (de la CIA) es que tomar un riesgo en este contexto puede costarte el puesto o terminar en la cárcel", dice una funcionario de la agencia que conversó con CAMBIO.
Eso, precisamente, explica la decisión de José Rodríguez, jefe de operaciones clandestinas de la CIA, quien ordenó la destrucción en 2005 de la polémica cinta. Rodríguez tenía buenos motivos para desconfiar, pues en los años 80 y 90 había trabajado bajo las órdenes de Ward y presenció cuando a su jefe le "cortaron las alas" por, según la Agencia, cumplir con su deber. Prueba de lo extraño que es el mundo de la inteligencia es que Ward, cinco años después, fue condecorado con la Medalla al Mérito por sus años de servicio en la CIA.
Aunque el ambiente de hoy es tenso, existe un largo historial que lo explica y justifica. Tras años de operar en la clandestinidad, la CIA cayó en desgracia en la década de los setenta cuando diversas investigaciones, en su mayoría adelantadas por medios de comunicación, revelaron que la Agencia había estado involucrada en la planeación de asesinatos de líderes extranjeros y en el espionaje de ciudadanos estadounidenses. La gota que rebosó la copa fue el escándalo de Watergate cuando ex agentes de la CIA, al servicio del gobierno de Richard Nixon, fueron arrestados cuando procuraban instalar dispositivos con los que se pretendía espiar una de las sedes de la campaña electoral del partido demócrata. El Congreso de entonces decidió aprobar una serie de leyes que limitaron el rango de acción de la Agencia y aumentaron los controles legislativos en sus operaciones.
En los años ochenta el presidente Ronald Reagan le soltó la rienda nuevamente, pero pronto surgieron las acusaciones por los excesos cometidos en Centro América. En 2001, tras los atentados terroristas contra Nueva York y Washington, la administración Bush le pidió a la CIA no detenerse ante nada con tal de evitar una catástrofe semejante y expidió decretos y promovió leyes como el "Acto Patriota" que ampliaron sus poderes. En muchos casos, poderes contradictorios con los estándares y normas internacionales. Y la historia volvió a repetirse. Apareció evidencia sobre cárceles manejadas por la CIA en otros países donde se torturaba o retenía a prisioneros de las guerras de Iraq y Afganistán y las imágenes de los abusos que se cometieron contra detenidos en prisión de Abu Grahib, en Bagdad.
La opinión pública, como en los años de Watergate, se tornó hostil, y el Congreso inició un debate que aún persiste sobre el establecimiento de límites a todas las agencias, incluida la CIA. El Congreso, de hecho, está a punto de aprobar un proyecto que prohíbe toda práctica que asemeje tortura, incluida la empleada por los funcionarios de la CIA en la cinta destruida por Ramírez. Proyecto que Bush rechaza pues, según dice, dejará con las manos atadas a la CIA.
La disputa entre políticos ha provocado un nuevo distanciamiento de la Agencia que aún recuerda con amargura cómo la administración Bush y el Congreso -sus supuestos aliados- la terminaron responsabilizando por aportar pruebas concluyentes sobre el detonante de la guerra en Iraq. Es decir, la existencia de armas de destrucción masiva. Como en el caso de la destrucción de los videos, las agencias no están dispuestas a tomar más riesgos. El último Estimado Nacional de Inteligencia, redactado por los 16 organismos que componen el sistema de inteligencia de E.U., concluye que Irán detuvo hace cuatro años sus planes de construir un arma nuclear. La revelación del documento, filtrado por la misma comunidad de inteligencia, fue descrito por la revista Time como quizá el caso más grave de "deslealtad" en toda la historia que se comete contra un Presidente. Bush llevaba varios meses insistiendo en que Teherán continuaba su marcha en procura de la bomba atómica y que, de no detenerlo, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial.
"El mensaje fue: para que luego no digan que no se les advirtió", dice la fuente de la CIA. Para el ex agente Robert Bear, el problema es la ausencia de reglas. "Si una acción, por más polémica que sea, detiene un atentado terrorista, nadie la pone en duda. Pero si eso no sucede o el público se entera, entonces vienen las críticas. Así es muy difícil operar", dice. Argumento que da paso a la pregunta del millón: ¿Existen límites que no se pueden transgredir aun cuando esté en juego la seguridad nacional de un país?
La respuesta, hasta ahora, ha dependido del político de turno. Y mientras eso no cambie, seguirá creciendo la desconfianza.