Octubre 31 de 2007
El zarpazo
Hugo Chávez está a punto de hacer aprobar en Venezuela la reforma más antidemocrática en mucho tiempo.
COMO EL BUEN JUGADOR de ajedrez, el presidente venezolano Hugo Chávez ha movido sus últimas fichas para poner la democracia donde la quería tener: en jaque.
Esta semana quedó sancionada en Venezuela una ambiciosa reforma constitucional que, entre otras cosas, le dará poder para reelegirse per secula seculorum, más controles sobre la propiedad privada, manejo del Banco Central y una extensa figura del "Estado de excepción" bajo la cual desaparece el debido proceso tal como se conocía y garantías fundamentales como la libertad de expresión.
Chávez y sus seguidores aseguran que se trata del nacimiento del Socialismo del siglo XXl. Pero la oposición y muchos críticos en el concierto internacional lo ven más como un disfraz del comunismo o la modernización de las políticas que impuso Fidel Castro en Cuba hace ya más de cuatro décadas.
Sin duda, el punto más polémico es el de la reelección. Bajo la nueva Carta el Presidente, de entrada, contará con un año más en el poder, pues el período pasa de seis a siete años, y le entregará la posibilidad de reelección inmediata sin límite de veces.
El argumento de los chavistas es que no debe interrumpirse la buena acción que esté realizando un gobernante y que, en todo caso, es el pueblo soberano el que debe decidir hasta cuándo otorga mandato a una persona. Para los detractores, sin embargo, la reelección ilimitada es un engendro posible por la ausencia de oposición en el Congreso y con el que busca extender el yugo de la llamada Revolución Bolivariana.
El proyecto, presentado por el Presidente Chávez el pasado 15 de agosto al Legislativo, pretendía inicialmente la modificación de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999. Luego, aprovechando la mayoría -compuesta por 167 miembros del Parlamento que pertenecen a fuerzas de la coalición gubernamental- una comisión parlamentaria decidió elevar la propuesta a 63 artículos de carácter social, político y económico.
El articulado fue discutido por última vez el martes de la semana pasada y ahora, tras su sanción, debe pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá 30 días para convocar un referendo en el que el pueblo votará para aprobarlo o rechazarlo. Lo malo es que el CNE también es emientemente chavista.
Los derechos, amenazados
El plan de Chávez incluye importantes y polémicas reformas. Por ejemplo, el artículo 337 que se refiere a los estados de excepción. La reforma busca que se elimine el límite de tiempo y se supriman los derechos al debido proceso y a la información. Con ello, durante los regímenes de excepción que sean decretados "por razones políticas, militares, sociales y económicas", el Estado, a través de los cuerpos policiales, podría perseguir a cualquier persona sin restricciones de ninguna índole.
Así lo describe el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco: "Esta enmienda, de ser aprobada, le permitiría al Presidente Hugo Chávez invocar un estado de excepción para justificar la suspensión de ciertas garantías fundamentales que el derecho internacional califica como no derogables (...)La historia reciente de América Latina demuestra que precisamente durante los estados de emergencia se hace necesario garantizar una sólida protección jurídica para prevenir abusos. (...) De no existir dichas garantías, lo que históricamente ha prevalecido es el ejercicio brutal del poder."
El propio Fiscal venezolano, Isaías Rodríguez, lo ha criticado con dureza. "El debido proceso -dice Rodríguez- contempla derechos a la defensa y a la asistencia jurídica, que son inviolables. Entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y juzgado por su juez natural, y a no ser aprehendido sin un proceso debidamente conformado. Y no es constitucional ponerle límites", asegura.
Otro de los artículos que genera temores entre los venezolanos es el que se refiere a la pérdida de autonomía del Banco Central Venezolano (BCV). La propuesta, referente al artículo 318 de la Carta Magna, incluye que las reservas monetarias de Venezuela sean manejadas directamente por la Presidencia de la República. Para Chávez el cambio es necesario pues según él la independencia actual del BCV parte de un "principio neoliberal" que no cabe en un régimen de inspiración socialista.
José Manuel González, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, lo ve con preocupación. "Si se suprime la autonomía del BCV, no habrá contrapeso a los gastos del Gobierno. Semejante medida, además, atenta contra el equilibrio del mercado monetario y la sana economía. El Banco Central debe ser autónomo porque su objetivo de preservar la estabilidad nominal de los billetes y monedas, requiere tener la capacidad para fijar técnicamente el objetivo de política monetaria sin estar expuesto a la influencia o condicionamiento gubernamental", dice el funcionario.
Pero los chavistas no paran allí. Lograrían, además, dar poder al Gobierno para que tome el control de los activos de las empresas privadas aun antes de que exista una orden judicial con ese fin. Eso daría el bocado final a la política de expropiación que ya se viene aplicando.
La oposición, como en el pasado, se está moviendo, pero, también como en el pasado, marcha dividida. Un sector cree que lo mejor es promover una abstención durante el referendo para restarle legitimidad a la propuesta. Otros piensan que ante los dramáticos cambios que se vienen encima, lo mejor es salir a votar en masa en su contra. Por el momento, han pedido un aplazamiento de la votación popular, prevista para el 2 de diciembre, con el ánimo de prepararse, y saldrán a protestar este sábado.
Lo cierto es que, después de ver desaparecer el poco contrapeso en el Congreso, al retirarse de las elecciones legislativas por falta de garantías, lo mejor que puede hacer la oposición es participar. Y hacerlo por todos los caminos legítimos posibles.
LA AMBICIÓN CONSTITUCIONAL
REFORMAS POLÍTICAS Y TERRITORIALES
- Incrementar de seis a siete años el período presidencial.
- Reelección sin límites.
- Elevar a rango constitucional el "poder popular", expresado en consejos comunales, obreros y estudiantiles.
- Reorganizar el régimen territorial y geopolítico, con un Distrito Federal y regiones marítimas e insulares.
- Facultad presidencial para decretar regiones militares especiales con fines estratégicos y de defensa.
REFORMAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
- Eliminación de la autonomía del Banco Central.
- Facultar al Presidente para que sea el administrador de las reservas internacionales del país.
- Reservar al Estado la explotación de los hidrocarburos gaseosos.
- Facultar al Estado para ocupar bienes expropiados antes de que haya una resolución judicial en firme.
- Fomentar nuevos tipos de propiedad social.
- Establecimiento de un "Fondo de Estabilidad Social" que garantice derechos sociales a los trabajadores.
- Reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas.