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¿SE TRATA DE LA RESURRECCIÓN de un movimiento guerrillero por el que hasta hace poco nadie daba un peso? ¿Es, acaso, un fenómeno aislado que, como en el pasado, se disipará con el tiempo? Quizás es un caso mucho más serio: el de la congruencia, como en Colombia, del narcotráfico y de otros factores de violencia que buscan desestabilizar el país.
Estas son algunas de las preguntas que han surgido en México tras los ataques ocurridos el pasado 10 de septiembre en el estado de Veracruz y que causaron seis explosiones, la voladura de 12 gasoductos y el cierre de más de 1.000 industrias, entre ellas Vitro, principal productor de vidrio del país, y Volkswagen.
Los ataques se los atribuyó el Ejército Popular Revolucionario, EPR, una oscura guerrilla que vio la luz a mediados de los 90 y que opera principalmente en el estado de Guerrero, al sur del país.
Es la segunda vez en menos de tres meses que el EPR se responsabiliza por actos de esta índole, con el argumento de que esos ataques hacen parte de una guerra del pueblo contra la oligarquía. En julio, voló un segmento del oleoducto que va desde Ciudad de México a Guadalajara, con lo cual forzó el cierre de al menos una decena de compañías, entre ellas Honda Motor Co., Kellogg Co. y Hershey Co.
Lo raro es que desde sus inicios, cuando se robó titulares por el asesinato de una docena de policías, esta guerrilla había seguido la línea de su hermano mayor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es decir, mucha retórica pero poca práctica. Ahora que han multiplicado la práctica, los analistas intentan explicarlo con retórica.