Señales de alerta

Soldados vigilan el camino hacia Omealca, Veracruz, donde se produjeron seis explosiones contra los gasoductos mexicanos.

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Una tercera hipótesis sostiene que la reactivación del EPR podría obedecer a un matrimonio con los poderosos carteles de la droga en México. Así lo afirman analistas por el diario estadounidense Dallas Morning News. "Si los ataques perpetrados en julio indicaban solo un cambio de logística y táctica del EPR, los del 10 de septiembre son una alarma de color rojo que indica que, como en Colombia, están coordinando sus acciones con los carteles de la droga y los grupos de crimen organizados que están involucrados en secuestro y extorsión", dice el diario.

Ernesto Mendieta, director de la firma de seguridad Aquesta Terra, de México, sostiene que el modus operandi del EPR hace pensar en esta siniestra relación. Según el analista, es claro que el grupo tiene contacto con narcotraficantes puesto que en las montañas al sur de Guerrero y Oaxaca (bases del EPR) se cultiva marihuana y opio.

Es posible que los carteles, al fortalecer a grupos como el EPR, busquen desviar la atención -y los recursos- de las autoridades que la han emprendido contra los traficantes de droga en el norte del país, especialmente ahora que México y Estados Unidos han comenzado a discutir una estrategia conjunta similar al Plan Colombia, para combatir el narcotráfico.

Todos los posibles escenarios generan preocupación. Pero no hay duda que el tercero es el más peligroso. Colombia es el mejor ejemplo de lo que puede pasar cuando el narcotráfico y los grupos irregulares optan por combinar sus fuerzas en el intento de someter al Estado a sus caprichos y sus horrores. 

DE DÓNDE SALIÓ

El  Ejército Popular Revolucionario (EPR) surgió el 28 de junio 1996 en el estado sureño de Guerrero, cuando se cumplía un año de la muerte de 17 campesinos  a manos de la Policía en Aguas Blancas. Se cree que tiene menos de 1.000 miembros y es heredero de la guerrilla mexicana de corte marxista leninista de los años 70. En sus estatutos defiende la nacionalización de la banca, los medios de comunicación, los recursos naturales y la prestación de servicios como transporte, salud y educación. Aunque ha desarrollado actividades clandestinas en una decena de estados, tiene sus bases principales en el sureste del país, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Antes de los ataques perpetrados entre julio y septiembre, el grupo se caracterizaba por realizar pequeños actos de vandalismo contra cuarteles de policía y otras instituciones del Gobierno. En ocasiones se ha unido con otros grupos de izquierda para hacer estallar pequeños explosivos en Ciudad de México, pero nunca de la magnitud de los atentados recientes.