Marzo 9 de 2007
Al borde del desastre
El choque entre el Congreso y el Tribunal Electoral en torno a la Constituyente llevan a Ecuador a su enésima crisis política.
ECUADOR Y CRISIS POLÍTICA parecen ser sinónimos. Así quedó confirmado la semana pasada, cuando un choque de trenes institucionales volvió a sumir al país en el caos. Discrepancias en torno a la convocatoria de una Asamblea Constituyente generaron nada menos que la desvinculación del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ordenada por el Congreso y la posterior destitución de 57 de los 100 congresistas.
La cosa se calentó hace dos semanas cuando el TSE expidió una resolución por la cual citaba para el 15 de abril una consulta popular para decidir si se convoca o no una Asamblea Constituyente. Eso molestó al Congreso, especialmente porque el Tribunal no le envió el estatuto que reglamentaría la Asamblea.
Pero el asunto no paró ahí. Fue tal la furia del Legislativo, que el martes pasado los parlamentarios decidieron deponer al presidente del TSE, Jorge Acosta. Semejante determinación desató la ira de Acosta que, ni corto ni perezoso, citó al día siguiente a los magistrados del Tribunal y les dijo que "la resolución parlamentaria no es aplicable pues los magistrados del TSE no pueden ser removidos". Pero Acosta fue aún más allá. También sindicó a los congresistas de "conspirar en contra del pueblo y en contra de la democracia".
Para mayor complicación, el magistrado pasó de las palabras a los hechos. Tras sus declaraciones, destituyó y suspendió por un año los derechos políticos de los 52 congresistas que habían tratado de quitarle el puesto y de otros cinco que el lunes anterior habían demandado ante la Corte Constitucional la norma que convocaba la consulta popular.
La tensión aumentaba minuto a minuto. "Nadie nos puede destituir porque fuimos elegidos por el pueblo", señaló el diputado Luis Tapia, del partido Sociedad Patriótica, quien prometió que al día siguiente irían a trabajar a la sede del Legislativo. "Y si no nos dejan entrar, que es seguramente lo que ocurrirá, cumpliremos nuestra obligación en otro lugar", agregó.
Dicho y hecho. El jueves, es decir 24 horas después, más de 350 policías, siguiendo órdenes del ministro del Interior, Gustavo Larrea, les impidieron a los congresistas depuestos entrar a la sede del Legislativo en Quito. "El Gobierno hace respetar la Constitución y la Ley, y cumplirá las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral", dijo el Ministro.
La parte exterior del edificio era un hervidero de manifestantes contra los congresistas. "¡No más queso para las ratas del Congreso! ¡Fuera, fuera!", gritaban. Algunos parlamentarios sufrieron lesiones. Otros, como Carlos Larreátegui, que como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso había demandado ante la Corte Constitucional la convocatoria a la Constituyente, fueron muy duros. "Se viene la dictadura. Vamos a denunciar esto ante la OEA", afirmaba.
Entre tanto, el presidente Rafael Correa señalaba desde Palacio con respecto a los congresistas: "Ya están vencidos. Hagan lo que hagan, la consulta es irreversible". Desde el 15 de enero, cuando tomó posesión del cargo, Correa ha insistido en la importancia de la Asamblea para elaborar una Constitución que refunde al país, elimine lo que él llama "la partidocracia" y lleve al Ecuador al socialismo del siglo XXI.
La pregunta, a estas alturas, es qué viene ahora. Correa presionará para la convocatoria a la Constituyente. Es lo mejor para él, cuyo partido no tiene diputados en el Congreso. Pero no será fácil. La oposición es vigorosa y acusa al Tribunal Supremo Electoral de hacerle el juego al Primer Mandatario, detrás de lo cual se ocultan, según Tapia, las orejas del presidente venezolano Hugo Chávez, con quien Correa guarda afinidades ideológicas.
Por otra parte, hay una discusión jurídica sobre la mesa. El asunto es que, de acuerdo con la ley electoral, el TSE es en tiempo de elecciones la máxima autoridad y como tal puede destituir a quienes bloqueen su trabajo en relación con los comicios. Eso significa que la deposición de los congresistas estaría ajustada al ordenamiento legal.
Pero sea como fuere, lo cierto es que lo mejor para el Ecuador, con más de medio Congreso destituido, es que triunfe la moderación en un país donde, tal como lo dijo alguien la semana pasada, los llamamientos al diálogo suelen caer en saco roto.