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Dicho y hecho. El jueves, es decir 24 horas después, más de 350 policías, siguiendo órdenes del ministro del Interior, Gustavo Larrea, les impidieron a los congresistas depuestos entrar a la sede del Legislativo en Quito. "El Gobierno hace respetar la Constitución y la Ley, y cumplirá las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral", dijo el Ministro.
La parte exterior del edificio era un hervidero de manifestantes contra los congresistas. "¡No más queso para las ratas del Congreso! ¡Fuera, fuera!", gritaban. Algunos parlamentarios sufrieron lesiones. Otros, como Carlos Larreátegui, que como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso había demandado ante la Corte Constitucional la convocatoria a la Constituyente, fueron muy duros. "Se viene la dictadura. Vamos a denunciar esto ante la OEA", afirmaba.
Entre tanto, el presidente Rafael Correa señalaba desde Palacio con respecto a los congresistas: "Ya están vencidos. Hagan lo que hagan, la consulta es irreversible". Desde el 15 de enero, cuando tomó posesión del cargo, Correa ha insistido en la importancia de la Asamblea para elaborar una Constitución que refunde al país, elimine lo que él llama "la partidocracia" y lleve al Ecuador al socialismo del siglo XXI.
La pregunta, a estas alturas, es qué viene ahora. Correa presionará para la convocatoria a la Constituyente. Es lo mejor para él, cuyo partido no tiene diputados en el Congreso. Pero no será fácil. La oposición es vigorosa y acusa al Tribunal Supremo Electoral de hacerle el juego al Primer Mandatario, detrás de lo cual se ocultan, según Tapia, las orejas del presidente venezolano Hugo Chávez, con quien Correa guarda afinidades ideológicas.
Por otra parte, hay una discusión jurídica sobre la mesa. El asunto es que, de acuerdo con la ley electoral, el TSE es en tiempo de elecciones la máxima autoridad y como tal puede destituir a quienes bloqueen su trabajo en relación con los comicios. Eso significa que la deposición de los congresistas estaría ajustada al ordenamiento legal.