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Alunasa no es un empresa cualquiera. Abrió sus puertas en 1981 como firma de carácter estatal y nueve años más tarde fue adquirida por los venezolanos. En 2006 exportó materiales por valor de 48 millones de dólares. Su cierre no sólo perjudicaría a los trabajadores y a sus familias, sino que afectaría a un país de algo más de cuatro millones de habitantes y cuyo Producto Interno Bruto es de 39.000 millones de dólares, es decir 8,5 veces menor que el de Colombia.
El anuncio del cierre inquietó al Gobierno en San José. "Las razones esgrimidas no son del todo válidas", subrayó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, para quien la determinación de Caracas obedecía a "una motivación política". Eso mismo afirmó el periódico La Nación, el más importante de Costa Rica.
Preocupado por el tema, y temeroso de que Alunasa fuera a ser trasladada a Nicaragua -donde gobierna Daniel Ortega, amigo de Chávez- Óscar Arias se pronunció para indicar que su Gobierno estaba dispuesto a dialogar con el de Venezuela con el fin de que la firma siguiera funcionando normalmente. Además, sugirió que no había querido ofender a Chávez. Así las cosas, el mandatario venezolano dio marcha atrás, y el lunes de la semana pasada dijo que Alunasa se quedaría donde está.
Pero más allá de todo el episodio de la empresa de aluminios, lo que está claro es que Chávez tiene a Costa Rica entre ceja y ceja. Hace cuatro años, acusó al Gobierno del entonces presidente Abel Pacheco de estar apoyando un intento de golpe en Venezuela. San José reaccionó a tiempo para aclarar el asunto.
Luego, a mediados del año pasado, el presidente venezolano se negó asistir a la posesión de Óscar Arias. "Yo quería ir mañana a Costa Rica, pero no me da tiempo. Lo lamento mucho, presidente Arias, pero tengo mucho trabajo", dijo la víspera. Justo en esa ocasión tenía previsto en San José un encuentro con Álvaro Uribe, que debió cancelarse.