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Después de la creación del SINA, en 1993, la asignación del PGN a la nueva institucionalidad ambiental creció, llegando a su tope máximo a mediados de la década pasada. Pero durante la administración Pastrana, y la primera de Uribe, esta asignación cayó rápidamente. El fuerte descenso inicial se originó en el déficit fiscal y en la crisis económica de fin del milenio. Pero superada esa coyuntura, no se tomaron medidas ni al final de aquella administración, ni durante el primer mandato del presidente Uribe, para subsanar el deterioro previo.
Se advierte el inicio de un cambio de tendencia en los últimos dos años, con un repunte importante en Parques Nacionales y, en menor medida, en los principales institutos de investigación. Son temas a los cuales, en buena hora, el ministro Lozano le apostó. Pero no es suficiente para romper el acelerado declive de prioridad de la política ambiental, frente a otras políticas públicas.
Además, estos recientes logros para el SINA podrían sufrir un descalabro con el anunciado recorte presupuestal al Ministerio, derivado de la política de ajuste del déficit fiscal. El ministro Lozano afirmó su voluntad de mantener los incrementos alcanzados en los Parques Nacionales y los institutos de investigación. Pero ello obligaría a recortar los aportes nacionales a las corporaciones, la mayoría de las cuales se encuentran hoy claramente subfinanciadas. El resultado sería un mayor deterioro de la gestión ambiental, en la mayor parte del territorio nacional.
Así pues, el nudo gordiano de la gestión ambiental en el país parece residir en el Ministerio de Hacienda. Un Ministerio que sigue dándole al tema un tratamiento de tercera, que no merece su atención y que, con sus medidas, está conduciéndolo gradualmente a una verdadera bancarrota. Vaya forma de cuidar el mayor patrimonio de Colombia, su riqueza natural. Definitivamente, algunos economistas no han aprendido a sumar.
POR MANUEL RODRÍGUEZ B., ex ministro de Medio Ambiente.
GUILLERMO RUDAS LLERAS, economista.