En Colombia, cerca de 16 millones de personas no reciben agua potable en sus viviendas.

Foto: Felipe Caicedo

Este es un drama que viven habitantes de 838 municipios, pero sería hoy cosa del pasado si las alcaldías y gobernaciones no hubieran sido permeadas por la corrupción.

Un informe del Ministerio del Medio Ambiente revelado la semana pasada, dice que entre 1996 y el 2003 se desperdiciaron 11,7 billones de pesos que el Gobierno les giró para frenar los problemas de saneamiento.

Según esta cartera, si los recursos se hubieran invertido adecuadamente, esas 16 millones de personas estarían recibiendo agua limpia a través de un acueducto.

Además, el 95 por ciento de las poblaciones tendrían alcantarillado, una obra que solo está disponible para el 65 por ciento de ellas.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), anualmente se giran a los distritos y municipios 900 mil millones de pesos para que se inviertan exclusivamente en agua potable. Pero el dinero se ha embolatado en contrataciones irregulares, sobrecostos o se ha gastado en la organización de ferias y fiestas.

Precisamente para frenar este despilfarro, el Gobierno lanzó el programa 'Agua transparente', que incluye una nueva legislación para blindar los recursos que sean destinados de ahora en adelante para la construcción de esta infraestructura.

Incluye la creación de una 'bolsa del agua' que se llenará con la plata del presupuesto nacional.  Los recursos que se acumulen en ella se irán sacando para impulsar proyectos previamente diagnosticados. Se le dará prioridad a la financiación de obras para la población pobre.

Esos trabajos estarán vigilados por la Procuraduría y el programa Lucha contra la Corrupción de la Presidencia.

El 85 por ciento de los dineros será entregado a los municipios. El 15 por ciento restante llegará a los departamentos y el Distrito Capital.

El desperdicio del dinero se ha notado principalmente en Chocó. Según Edgardo Maya Villazón, procurador General de la Nación, este departamento ha tenido los ingresos por habitante más altos del país para resolver los problemas de abastecimiento de agua.

Pero según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema, publicado en octubre del 2007, la región figura entre los 19 departamentos en los que el ciento por ciento de sus municipios no tiene líquido apto para consumir.

Esto también le ocurre a La Guajira y Arauca, que reciben millonarias transferencias por la producción de carbón y petróleo.

Juan Lozano, ministro de Ambiente, también cuestionó la ausencia de una estructura empresarial sólida para atender a los usuarios.

Más de 670 localidades siguen usando el esquema de prestación directa, a pesar de la existencia de la Ley 142 de 1994, que los obliga a crear empresas de servicios públicos domiciliarios para aumentar la efectividad del servicio.

"Esto ha bajado la calidad, por eso digo que en Colombia, el problema en materia de saneamiento no es de tubos ni de camiones, sino de poca gestión de los recursos", dijo el alto funcionario.

Acueductos en todo el país

La nueva legislación implementada por el programa 'Agua transparente' desde hace unas semanas determina que los contratos tendrán que ser de conocimiento público y los contratistas deberán rendir cuentas ante la comunidad de sus compromisos y sus avances de obra. Para esto se acudirá a la figura de las Audiencias Públicas.

"Se acabó el contrato firmado por el alcalde por debajo de la mesa y que estaba previamente diseñado para entregárselo a un amigo o a un contratista elegido a dedo", explicó el ministro de Ambiente, Juan Lozano.

Los procesos de contratación no solo serán vigilados de cerca por la Procuraduría y la Presidencia, sino por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Todo se complementará con auditorías a los contratos ya firmados.

La bolsa del agua entra a convertirse como en una entidad financiera desde la que se gira la plata (590 millones de dólares para este año).

Los municipios tendrán 18 meses para cumplir con los requisitos de ley, de lo contrario perderán la competencia y los recursos del Sistema General de Participaciones.

En esos casos serán los departamentos quienes administren los dineros y aseguren la prestación de los servicios.

"Ahora los alcaldes podrán saber cuánto dinero van a recibir y cuánto tendrán que aportar para hacer una obra en su totalidad. Podrán hacer cálculos a futuro o pignorar sus presupuestos. Ya no habrá más giros parciales o a cuentagotas, que se invertían mal o en obras que al poco tiempo quedaban inservibles", agregó Lozano.

Esta nueva etapa para la ejecución entra a fortalecer los Planes Departamentales de Agua, que buscan construir acueductos en los 32 departamentos antes de que termine el año.

Estos no se construirán si antes no tienen el compromiso del Gobierno, los departamentos, los municipios y las autoridades ambientales, todo para crear un esquema empresarial que funcione y que  se pueda equilibrar financieramente.

Para ellos, y durante el 2008, el Gobierno destinará 590 millones de dólares para la ejecución de cinco planes.

Hoy se ejecutan en Antioquia, en donde se invierten 202 millones de dólares. Magdalena recibe 103 millones, Atlántico, 118 millones; Cesar, 107 millones, y Guainía 154 millones de dólares.

También se llevarán 80 millones a Norte de Santander, 85 millones a Putumayo, 150 millones a Córdoba y 125 millones a Bolívar. A Cauca llegarán 159 millones de dólares.

El objetivo de los próximos cuatro años es llevar a  las regiones 8 billones de pesos.