Mayo 27 de 2009
La reelección, una pandemia en el paisaje político de América Latina
En la región hay cada vez más mandatarios que intentan ampliar sus períodos de gobierno: 14 de los 18 países latinoamericanos tienen reelección, inmediata o alterna, e indefinida en Venezuela.
Antes de un mes, los hondureños irán a las urnas para decidir si convocan o no una Asamblea Constituyente que habilitaría al presidente Manuel Zelaya para continuar en el poder más allá de enero de 2010, cuando vence su mandato.
Su colega paraguayo Fernando Lugo confía en salir pronto del escándalo de su paternidad cuando oficiaba como sacerdote católico, para mover sus fichas en el Congreso y en la Corte con el propósito de emular a sus amigos Hugo Chávez en Venezuela, y Rafael Correa en Ecuador, de prolongar su estadía en el poder.
En Nicaragua, Daniel Ortega acaricia el sueño de sacar una reforma que, reelección incluida, marque la transición a un régimen parlamentario en el que el actual Jefe del Estado se convierta en diputado vitalicio con voz y voto.
Más al sur, en Bolivia, Evo Morales, que asumió la Presidencia en 2006 y ya logró incorporar su reelección por una única vez en la nueva Constitución, aprobada mediante consulta popular, convocará a elecciones generales en diciembre para el período 2010-2015 que, según las encuestas, va a ganar, y ahora su partido, el MAS, está planteando la posibilidad de habilitarlo para la reelección indefinida -siguiendo la ruta de Hugo Chávez en Venezuela-, para lo cual habría que modificar la recién estrenada Constitución.
La reelección se ha convertido en fiebre contagiosa y ha entrado a formar parte del paisaje político latinoamericano: 14 de los 18 países que conforman la región, tienen reelección, inmediata o alterna, e indefinida en Venezuela.
Así que no es patrimonio exclusivo de unos cuantos países, como Venezuela y Ecuador, cuyos presidentes acaban de lograr ser reelegidos, o de Colombia donde ya se estrenó, y un proyecto de referendo para habilitar al presidente Uribe para una segunda reelección está en su etapa final en el Congreso, y ad portas de quedar en manos de la Corte Constitucional que definirá su suerte.
La reelección fue tema de debate de la Décima Jornada de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, durante la cual expertos en Derecho Público, como Alberto Rojas y el ex procurador Edgardo Maya, expusieron sus puntos de vista. CAMBIO presenta un balance de la Jornada:
Honduras, la voz del pueblo
La Constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial, pero le permite al Presidente convocar consultas populares para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría facultades ilimitadas para reformar la Carta.
Ese fue el mecanismo que usó el presidente Manuel Zelaya para, con el respaldo del Consejo de Ministros, convocar una consulta el 18 de junio. El argumento es que el país necesita con urgencia una reforma de la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos y notificó a la oposición que está dispuesto a ir a la cárcel e incluso morir por defenderla.
En condiciones normales, Zelaya tendría que dejar la Presidencia el 27 de enero de 2010, pero para nadie es un secreto que su objetivo es buscar consenso entre sectores de izquierda, independientes y afectos al Gobierno, e incluso en las Fuerzas Armadas, para sacar adelante una iniciativa que tendría como plato fuerte la reelección. Según el mandatario, sin un modelo de gobierno como el suyo el país experimentaría un costoso retroceso.
Amigos suyos, como el presidente del Comité Hondureño de los Derechos Humanos, Andrés Pavón, se han encargado de alimentar rumores según los cuales sectores de derecha y conservadores radicales estarían fraguando un "golpe técnico" contra Zelaya, para impedir "la reforma estructural que requiere el Estado". Por lo pronto, el resultado de la propuesta ha sido el de una marcada polarización.
Paraguay, en suspenso
Antes de que estallara el escándalo de su paternidad cuando era ministro de la Iglesia Católica, el presidente Fernando Lugo ya analizaba la posibilidad de acudir a la fórmula plebiscitaria para remover el obstáculo constitucional que le impediría su reelección inmediata.
"Si el pueblo lo pide, podría ser", dijo Lugo en marzo al responder a las críticas del presidente del Congreso, Enrique González, y de miembros de la oposición que lo acusaron de estar moviéndose sospechosamente en la dirección de su amigo Hugo Chávez para integrar una Corte Suprema a la medida de sus necesidades, cooptar el Congreso y convocar un plebiscito.
Cabalgando a lomo de la popularidad que tenía antes del escándalo, el mandatario hablaba abiertamente de la reelección y miraba por encima del hombro a los opositores que, como su antecesor Lino Oviedo, lo comparaban con el dictador Alfredo Stroessner y lo acusaban de haber hecho equipo con Chávez y Correa para usar reglas democráticas en pro de sus apetencias.
Hoy, con un margen de maniobra disminuido, Lugo no descarta la posibilidad de rectificar su posición y respetar el acuerdo que hizo durante la campaña con el Partido Liberal Radical Auténtico, a cuyos directivos prometió que al término de su mandato dejaría abonado el terreno para que alguno de ellos lo sucediera. Al fin y al cabo, cuando los paraguayos eligieron a Lugo le pusieron fin a la hegemonía de 61 años del Partido Colorado.
Nicaragua, frente a una reforma
En 1995, cuando el hoy presidente Daniel Ortega estaba en la oposición, respaldó la aprobación de la enmienda que prohibió la reelección presidencial para períodos sucesivos porque la consideró "nociva para la democracia".
Hoy, de nuevo en el poder, ha cambiado de idea y está empeñado en sacar adelante una reforma que restablecería la figura y cambiaría el actual régimen presidencial por uno parlamentario.
Si prospera la iniciativa, Ortega no solo podría continuar en el cargo sino que, además, tendría asiento como diputado vitalicio de la Asamblea Nacional. De esta forma aseguraría de por vida una cuota de poder, pues haría parte del Congreso y tendría voz y voto.
El mandatario ha dicho que se sentiría "muy bien" si la Asamblea, elegida por voto popular e investida de nuevos poderes, lo designara como primer ministro o jefe del Estado.
Según sus críticos, Ortega busca el cambio de sistema de gobierno pues teme que la precaria mayoría del 38 por ciento que le devolvió el poder en 2006 haya sufrido considerable mella dada su desastrosa gestión.
"No sé cuál es el miedo con la reelección, hay que dejar que el pueblo elija", ha dicho el Presidente frente a una oposición decidida a impedir una reforma hecha a la medida de sus intereses personales.
Bolivia, clamor indígena
El 7 de febrero, el presidente Evo Morales celebró su promulgación de la nueva Constitución que permite la reelección inmediata por una sola vez, aumenta los derechos de las mayorías indígenas y fortalece los existentes, hecho que le permite articular desde ya apoyos masivos para ser reelegido para el período 2010-2015.
Por lo pronto, seis de cada 10 bolivianos apoyan la reelección del presidente Morales en las elecciones generales de diciembre, según una reciente encuesta de Ipsos Apoyo, lo cual ratifica el amplio apoyo que tiene y la ventaja sobre sus posibles oponentes que, juntos, no llegan ni al 21 por ciento de respaldo popular.
Esta realidad ha llevado al MAS, el partido oficialista, a plantear la posibilidad de habilitar a Morales para la reelección indefinida -siguiendo la ruta de Hugo Chávez en Venezuela-, pero eso haría necesaria una nueva reforma de la Carta recién estrenada.
Desde su organización como República en 1982, Bolivia ha realizado no menos de 20 reformas constitucionales, las más recientes en 1967, 1994, 2007 y 2009. Solo las dos últimas han tenido como base el interés del Presidente de romper las ataduras que le impedían prolongar su mandato.
Países reeleccionistas
En 14 de los 18 Estados latinoamericanos es permitida la reelección. Sin embargo, la figura presenta variaciones importantes:
- Inmediata: Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia.
- Después de transcurrido al menos un mandato: Costa Rica, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Únicamente cuatro naciones la prohíben: Guatemala, Honduras, México y Paraguay.