Reversazo en adjudicación de contrato

El Consejo de la Judicatura ordenó proseguir con la adjudicación del contrato de seguridad carcelaria que vale más de 53.000 millones de pesos. Foto: AP

(Página 1 de 2)

"Mil millones de pesos no es mucho, pero por no hacer nada siempre es plata", le dijo entre risas Diana Nassif de Rima a su primo Gustavo Domínguez, durante una conversación telefónica en la que celebraban el resultado de una maniobra mediante la cual lograron que el Ministerio del Interior y de Justicia le adjudicara un contrato para la seguridad electrónica de 10 cárceles a un grupo de empresas encabezadas por un amigo común, Aarón Ravinovich.

La conversación, grabada el 20 de octubre del año pasado por agentes de la Policía Judicial que hacían seguimientos a empresarios sospechosos de corrupción, se convirtió en una de las pruebas que, días después, llevaron al Gobierno a revocar la adjudicación.

Según grabaciones y otras evidencias en poder de la Fiscalía Tercera de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Nassif de Rima, propietaria de la firma Cipecol Ltda. y representante para Colombia de la estadounidense Rapiscan Sistem Inc., recibió los 1.000 millones como pago por incluir a última hora y en forma subrepticia documentos que sacaban de competencia a un consorcio del que hacían parte EBC Ingeniería S.A. y Control Box Ltda.

La empresa de Nassif, que hacía parte de la Unión Temporal Cárceles 2008, perdió la posibilidad de ganarse el contrato porque EBC y Control Box se salieron de Cárceles 2008, grupo del que originalmente hicieron parte, y se aliaron con otras empresas que, por su especialidad y experiencia, parecían la fórmula perfecta para obtener la adjudicación del contrato por 53.000 millones de pesos.

La maniobra de Nassif consistió en incluir en la propuesta de Cárceles 2008 documentos de EBC y Control Box para inhabilitarlos, pues uno de los requisitos de la licitación era que ninguna de las compañías interesadas podía hacer parte de más de una unión temporal.

Minutos después de la adjudicación a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria, la Procuraduría y la oficina del zar anticorrupción Óscar Ortiz, que habían seguido el proceso con lupa, no entendían por qué empresarios experimentados como los que hacían parte de las propuestas derrotadas cometieron un error tan elemental.

La revocatoria

Las dudas comenzaron a disiparse cuando un delegado del Grupo de Anticorrupción del DAS le llevó a Ortiz grabaciones de las conversaciones telefónicas que, ordenadas en forma cronológica y puestas en contexto, hacían evidente la contaminación del proceso.

Tras oírlas, Ortiz se comunicó con el presidente Álvaro Uribe, que estaba en Cartagena, y le dijo: "Estoy en capacidad de advertirle que la adjudicación está viciada porque el Gobierno fue engañado". Uribe le pidió actuar de inmediato. "Dígale al ministro Fabio Valencia que revoquemos la adjudicación", le ordenó.

No era fácil. En una reunión en la Casa de Nariño, el ministro Fabio Valencia dijo que creía que Ortiz estaba hilando muy delgado y hasta insinuó que el  propósito era favorecer a algunos perdedores. Pero las grabaciones lo convencieron de que el proceso estaba viciado. 

Valencia Cossio y Ortiz consultaron a la Oficina Jurídica de la Presidencia y además pidieron el concepto del entonces procurador Edgardo Maya, que poco después se pronunció y consideró que era "perfectamente válido aplicar la figura de la revocatoria directa del acto de adjudicación".

La coima

Según el contenido de las grabaciones, la maniobra comenzó a ser urdida a comienzos de octubre del año pasado. Domínguez se comunicó con su prima Diana Nassif para decirle que Mauricio Parada, a nombre de la Unión Seguridad Carcelaria, lo había llamado para ver en qué forma podían ayudar a que este grupo se quedara con el negocio.

Dos días después, Nassif, Domínguez, Parada y Aarón Ravinovich, representante legal de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria -y adjudicatario de contratos con entidades públicas, entre ellos uno de mantenimiento de Rayos X en algunos aeropuertos-, se encontraron en el Hotel Bogotá Plaza. Allí, Ravinovich le preguntó a Nassif cuánto cobraría por su servicio y ella respondió que el 12 por ciento del valor del contrato: algo más de 4.000 millones de pesos.

La tarifa fue considerada excesiva y vino una contraoferta: 1.000 millones. Nassif aceptó y regateó sin éxito que, adjudicado el contrato, Seguridad Carcelaria le subcontratara algún servicio a su empresa. El 20 de octubre, cuando fueron descalificados los otros dos proponentes, Nassif y Domínguez celebraron el resultado.

Las autoridades continuaron grabando conversaciones hasta el 19 de noviembre. Ese día, Nassif manifestó su preocupación por el hecho de que el zar Ortiz hubiera hecho la denuncia pública de lo sucedido, y medios de comunicación como La W estuvieran siguiendo el caso. "Anoche me provocó decirles: 'Denme otros 1.000 millones porque esto se me puso color de hormiga'", le dijo a uno de sus interlocutores.

Pese a que las pruebas demuestran que el proceso fue contaminado, la semana pasada el Consejo Superior de la Judicatura falló una tutela mediante la cual ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia restablecer la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria. Según el alto tribunal la revocatoria vulneraba derechos fundamentales del contratista afectado.

Los comprometidos en la maniobra guardan silencio. Fernando Navas Talero, abogado amigo de uno de ellos, considera que la revocatoria pedida por Ortiz y la Procuraduría fue un "falso positivo" y en un artículo de prensa escribió: "La verdad del asunto es que el tinglado que se armó para justificar la resolución desautorizada en la acción de tutela, fue organizada por el Zar Anticorrupción y un grupo de investigadores del DAS quienes, al parecer sin fundamento legal válido, condujeron a la Procuraduría y al Gobierno al error".