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La Fiscalía abrió una investigación a finales del año pasado y tiene en su poder las grabaciones pero no ha tomado todavía decisiones de fondo.
Al respecto, el zar Ortiz envió una carta al fiscal general Mario Iguarán en la que dice que "es importante que este tipo de investigaciones penales que han generado alto impacto en la opinión pública por la modalidad de corrupción utilizada, se tramiten con la mayor celeridad con el fin de que las sanciones que se impongan generen el efecto ejemplificador buscado por la pena". La Fiscalía tiene la última palabra.
OTRO NEGOCIO, OTRAS DUDAS
El 5 de septiembre del año pasado, un mes antes de las grabaciones, la secretaria general de la DIAN, María de Lourdes Benavides, recomendó adjudicar a la empresas de Nassif, Rapiscan y Cipecol Ltda., un jugoso contrato para la instalación de escáneres para la inspección de mercancías en los puertos marítimos.
El sustento de la recomendación fue el acta de una reunión en la que un grupo de empresarios habían dicho que las firmas ofrecían tecnología de punta. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, puso el grito en el cielo, y en carta dirigida a la funcionaria -conocida por CAMBIO- advirtió que un contrato de esa naturaleza no podía adjudicarse por 'recomendación', cuando la ley exige un proceso de licitación imparcial y transparente.