Todo apunta al recorte de los beneficios de salud para unificar los planes contributivo y subsidiado

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Alarma, confusión y desconcierto, además de muchos interrogantes, ha despertado el fallo de la Corte Constitucional que ordena al Gobierno unificar los planes de salud -subsidiado y contributivo-, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos el acceso equitativo e integral a los servicios de salud.

En el modelo actual existen dos planes de servicios según la capacidad de pago de los usuarios: contributivo y subsidiado. En el primero -basado en los aportes de los trabajadores-, los usuarios tienen garantizada la atención a servicios de baja, mediana y alta complejidad. En el segundo -el Estado paga por los desempleados del Sisbén uno y dos-, solo tienen acceso a los de baja y alta, y con algunas excepciones a los de mediana (ver explicación al final del artículo).

Por estas diferencias la Corte consideró que el esquema es inequitativo y de ahí la orden de unificar los planes del POS. "Este es un avance fundamental en la defensa de los derechos de salud de todos los colombianos -le dijo a CAMBIO Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud, gremio que reúne a las empresas del régimen subsidiado-. Según la Ley 100 de 1993 esto debió hacerse hace ocho años, sin la intervención de la Corte".

Pero ni el Gobierno ni las entidades promotoras, ni las prestadoras de servicios ni el Consejo Nacional de Seguridad Social saben con certeza qué hacer para integrar los planes, ni si esa unión implica aumentar o reducir los servicios.  Pero, además, no creen que sea posible empezar a hacer realidad el mandato de la Corte antes de octubre, como lo estableció el tribunal.

Propuestas 

Para empezar, no hay información actualizada sobre indicadores de salud, perfiles epidemiológicos y cargas de enfermedad. Por eso, entre otras razones, el Ministerio de Protección Social pidió el mes pasado un plazo adicional para cumplir con la orden, petición que fue negada por la Corte. 

El debate sobre cuál debe ser el modelo para el nuevo POS está abierto y por ahora no parece haber un punto de acuerdo. Por un lado están los que defienden la tesis de que la unificación debe hacerse a partir del esquema actual de beneficios, basado en tratamientos, procedimientos y medicamentos establecidos en una lista. Por el otro, están los que se inclinan por hacer borrón y cuenta nueva y establecer nuevo POS a partir de una lista de las enfermedades de mayor incidencia, además de aquellas que implican mayor nivel de riesgo para la vida de los pacientes, lo que implicaría dejar por fuera las menos comunes.

Los defensores de esta última propuesta -por la que se inclina el Gobierno-, aseguran que este esquema hace posible equilibrar el acceso de todos los usuarios a los servicios sin importar su condición económica.  "En la práctica esto ayudaría a gestionar mejor los dineros del sistema, pues los recursos podrían concentrarse en las necesidades más apremiantes y no en una serie de procedimientos o terapias para ciertos desórdenes que no implican riesgo para la vida del usuario", sostiene Juan Manuel Diazgranados, presidente de Acemi, gremio de las Empresas Promotoras de Salud, EPS.  Y menciona como ejemplo el tratamiento de hormonas para el crecimiento de los niños, por el cual el sistema de salud paga cerca de 40.000 millones de pesos anuales.

Para Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC), el tema requiere un análisis más profundo. "El único factor de definición no puede ser el tipo de enfermedades -dice-. Es necesaria una evaluación detallada de variables como el perfil epidemiológico del país y el estudio de carga de enfermedades que, dicho sea de paso, aún no lo han terminado las autoridades de salud". 

Este punto de vista lo comparte Javier Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas -que reúne a la mayoría de los gremios de médicos especialistas-, quien sostiene que la elaboración del nuevo POS por enfermedades debe ser producto de la participación de todos los que intervienen en el sistema. "Si no es así se corre el riesgo de que una serie de enfermedades se queden sin cobertura -asegura-. También es indispensable hacer una consulta a gran escala con los usuarios del sistema para que conozcan no solo la lista de patologías que les cubre sino aquellas que deben costear de su bolsillo".

No obstante lo anterior, expertos en seguridad social sostienen que, a pesar de que la Corte Constitucional delegó en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud la función de definir los planes de beneficios para los pacientes, la Ley 100 establece que el POS debe ofrecer protección integral que incluya el diagnóstico y el tratamiento para todas las enfermedades, sin excepción. Esto implicaría modificar la Ley (artículo 161) por vía legislativa en caso de que no todas las enfermedades quedaran cubiertas por el nuevo POS que ordenó la Corte.