Una decisión de la Corte Suprema deja por fuera de Justicia y Paz a 25.000 desmovilizados

La desmovilización masiva de paramilitares, considerada todo un éxito por el Gobierno, parece estar perdiendo gran parte de su sustento jurídico. Foto: Archivo Cambio

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El lunes 9 de marzo, al llegar a su despacho, el fiscal general Mario Iguarán encontró entre su correspondencia un derecho de petición firmado por los 16 jefes paramilitares presos en la cárcel de Itagüí. Se trataba de una carta de dos páginas firmada por ellos y refrendada con sus huellas digitales, en la que le proponen, lo mismo que al Procurador y al Ministro del Interior, una reunión de urgencia para encontrar una fórmula que evite el descalabro del proceso de Justicia y Paz.

Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán'; Edwar Cobos Téllez, 'Diego Vecino'; Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', y los demás firmantes, expresan su preocupación por los efectos demoledores que puede tener en el proceso un fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual quedan excluidos de beneficios los delitos cometidos por los desmovilizados después del 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz. "Esa providencia deja por fuera del proceso a más del 80 por ciento de las autodefensas, aproximadamente 25.800 personas, las cuales continuaron en armas, por fuera de ese límite temporal, con plena aquiescencia del Gobierno Nacional y en cumplimiento de un cronograma que iría hasta agosto de 2006", dicen los firmantes de la carta. Y agregan que el fallo no solo afecta el proceso con las Auc, sino a guerrilleros de las Farc y el Eln que se han desmovilizado atraídos por las ofertas de reinserción del Gobierno.

Para confirmar si la situación era tan crítica como la que planteaba la carta, el Fiscal consultó estadísticas y habló con fiscales  de la Unidad de Justicia y Paz sobre casos concretos que serían difíciles de sacar de la impunidad si los implicados -desmovilizados después de la fecha fijada por la Corte- no tienen la posibilidad de recibir las penas alternativas de entre cinco y ocho años que contempla la ley. Según los fiscales, preferirán callar si sus casos quedan en manos de la Justicia ordinaria.

Según las estadísticas del proceso, hasta el 28 de febrero de este año los hechos denunciados por las víctimas de los paramilitares llegan a 178.977, entre masacres, homicidios, secuestros y desplazamiento forzado. De estos, 2.914 habrían ocurrido entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de agosto de 2006, período que va de la expedición de la Ley de Justicia y Paz a la desmovilización de los grupos que se acogieron a ella.

De los casos denunciados, 19.967 fueron aceptados por los implicados y de ellos 241 ocurrieron después de la entrada en vigencia de la ley, razón por la cual, según la jurisprudencia de la Corte, deben ser excluidos de los beneficios que ella contempla. Entre el 29 de marzo de 2006 y el 20 de febrero de 2009 fueron halladas 1.534 fosas con los restos de 1.903 víctimas, gracias a la información que dieron desmovilizados sometidos al proceso.

Si bien el número de delitos cometidos después de que la ley entrara en vigencia no parece significativo en términos de porcentaje, algunos fiscales consideran que su gravedad justificaría un esfuerzo del Estado para ampliar el plazo fijado por la Corte. Así lo cree, por ejemplo, la fiscal Deissy Jaramillo, encargada en Barranquilla de recibir las versiones libres de los desmovilizados del bloque Norte de las Auc quien tiene varios casos importantes que, según la jurisprudencia de la Corte, quedarían excluidos del proceso de Justicia y Paz.

Uno de ellos es el homicidio del dirigente sindical Pedro Juan Pérez Orozco, por el cual el Estado enfrenta una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro es el asesinato de Eislen Escalante Pérez -director de la ONG 'Por una Colombia Nueva'- a manos de hombres de 'Jorge 40' el 14 de julio de 2005. "A estos dos casos podría agregar 200 más que ahora, por obediencia al mandato de la Corte, quedarán por fuera de la jurisdicción de Justicia y Paz", dice la fiscal Jaramillo.

El precio del secreto

Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, cuenta que hasta el 3 de abril de 2007 cuando la Policía lo capturó, Hebert Veloza, 'H.H.', jefe de los bloques Calima y Bananeros de las Auc, no tenía requerimientos judiciales. Sin embargo, el pasado 5 de marzo, cuando fue extraditado a Estados Unidos, tenía ya 38 condenas. "Esas condenas no se produjeron por arte de magia -sostiene González-. Tuvieron como base sus propias confesiones dentro del proceso".