Marzo 11 de 2009
Una decisión de la Corte Suprema deja por fuera de Justicia y Paz a 25.000 desmovilizados
CAMBIO explica qué pasó.
El lunes 9 de marzo, al llegar a su despacho, el fiscal general Mario Iguarán encontró entre su correspondencia un derecho de petición firmado por los 16 jefes paramilitares presos en la cárcel de Itagüí. Se trataba de una carta de dos páginas firmada por ellos y refrendada con sus huellas digitales, en la que le proponen, lo mismo que al Procurador y al Ministro del Interior, una reunión de urgencia para encontrar una fórmula que evite el descalabro del proceso de Justicia y Paz.
Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán'; Edwar Cobos Téllez, 'Diego Vecino'; Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', y los demás firmantes, expresan su preocupación por los efectos demoledores que puede tener en el proceso un fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual quedan excluidos de beneficios los delitos cometidos por los desmovilizados después del 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz. "Esa providencia deja por fuera del proceso a más del 80 por ciento de las autodefensas, aproximadamente 25.800 personas, las cuales continuaron en armas, por fuera de ese límite temporal, con plena aquiescencia del Gobierno Nacional y en cumplimiento de un cronograma que iría hasta agosto de 2006", dicen los firmantes de la carta. Y agregan que el fallo no solo afecta el proceso con las Auc, sino a guerrilleros de las Farc y el Eln que se han desmovilizado atraídos por las ofertas de reinserción del Gobierno.
Para confirmar si la situación era tan crítica como la que planteaba la carta, el Fiscal consultó estadísticas y habló con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz sobre casos concretos que serían difíciles de sacar de la impunidad si los implicados -desmovilizados después de la fecha fijada por la Corte- no tienen la posibilidad de recibir las penas alternativas de entre cinco y ocho años que contempla la ley. Según los fiscales, preferirán callar si sus casos quedan en manos de la Justicia ordinaria.
Según las estadísticas del proceso, hasta el 28 de febrero de este año los hechos denunciados por las víctimas de los paramilitares llegan a 178.977, entre masacres, homicidios, secuestros y desplazamiento forzado. De estos, 2.914 habrían ocurrido entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de agosto de 2006, período que va de la expedición de la Ley de Justicia y Paz a la desmovilización de los grupos que se acogieron a ella.
De los casos denunciados, 19.967 fueron aceptados por los implicados y de ellos 241 ocurrieron después de la entrada en vigencia de la ley, razón por la cual, según la jurisprudencia de la Corte, deben ser excluidos de los beneficios que ella contempla. Entre el 29 de marzo de 2006 y el 20 de febrero de 2009 fueron halladas 1.534 fosas con los restos de 1.903 víctimas, gracias a la información que dieron desmovilizados sometidos al proceso.
Si bien el número de delitos cometidos después de que la ley entrara en vigencia no parece significativo en términos de porcentaje, algunos fiscales consideran que su gravedad justificaría un esfuerzo del Estado para ampliar el plazo fijado por la Corte. Así lo cree, por ejemplo, la fiscal Deissy Jaramillo, encargada en Barranquilla de recibir las versiones libres de los desmovilizados del bloque Norte de las Auc quien tiene varios casos importantes que, según la jurisprudencia de la Corte, quedarían excluidos del proceso de Justicia y Paz.
Uno de ellos es el homicidio del dirigente sindical Pedro Juan Pérez Orozco, por el cual el Estado enfrenta una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro es el asesinato de Eislen Escalante Pérez -director de la ONG 'Por una Colombia Nueva'- a manos de hombres de 'Jorge 40' el 14 de julio de 2005. "A estos dos casos podría agregar 200 más que ahora, por obediencia al mandato de la Corte, quedarán por fuera de la jurisdicción de Justicia y Paz", dice la fiscal Jaramillo.
El precio del secreto
Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, cuenta que hasta el 3 de abril de 2007 cuando la Policía lo capturó, Hebert Veloza, 'H.H.', jefe de los bloques Calima y Bananeros de las Auc, no tenía requerimientos judiciales. Sin embargo, el pasado 5 de marzo, cuando fue extraditado a Estados Unidos, tenía ya 38 condenas. "Esas condenas no se produjeron por arte de magia -sostiene González-. Tuvieron como base sus propias confesiones dentro del proceso".
González respeta las razones del fallo de la Corte y lo acata, pero sostiene que le falta sentido práctico. "Hay que entender que estamos en un proceso de paz y que la misión del juez es hacer de la ley un instrumento útil y viviente -dice-. Cada caso de desmovilización individual y/o colectiva merece un análisis separado, no pueden medirse todos con el mismo rasero, hay que ir mucho más allá del simple análisis exegético y gramatical".
Por ejemplo, 'H.H.' confesó hechos tan graves como la masacre del Alto Naya, en la que murieron 20 campesinos en abril de 2001, y aceptó responsabilidad en no menos de 14 crímenes cometidos por hombres bajo su mando, cuando estaba vigente la ley que hizo posible la desmovilización de los paramilitares. Después de la sentencia de la Corte Suprema y de la decisión del Gobierno de extraditarlo, Veloza les dijo a los fiscales que se guardó secretos valiosos. "A lo mejor la Justicia de Estados Unidos los sabrá valorar", les dijo el ex jefe paramilitar.
La situación de desmovilizados de la guerrilla también podría verse afectada. Hasta hoy, se han acogido a la Ley 98 ex guerrilleros: 62 de las Farc, 17 del Eln y 19 de grupos minoritarios como el llamado Ejército Revolucionario Guevarista. Todos, sin excepción, se desmovilizaron después de sancionada la ley.
La encrucijada
La Fiscalía y la Procuraduría defendieron ante la Corte Suprema la necesidad de ampliar el término de aplicación de la ley, pero sus argumentos no prosperaron. Hoy creen que para salir de la encrucijada y salvar los obstáculos creados por el fallo del alto tribunal, la única vía es tramitar un proyecto de ley que subsane los errores.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que estudia posibles salidas pero que aún no ha decidido si acepta o no la petición hecha por los ex jefes paramilitares desmovilizados y recluidos en la cárcel de Itagüí para que se reúna con ellos. Y el Fiscal General contempla la posibilidad de enviarle a la Corte un balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz lo suficientemente sólido como para que la corporación cambie su jurisprudencia.
El experto en resolución de conflicto y ex asesor de Naciones Unidas en el tema de modelos de justicia transicional, Carlos Albeiro Solís Puerta, sostiene que la situación que plantea el fallo de la Corte Suprema refleja los problemas que muchos advirtieron desde el comienzo del proceso, cuando el Gobierno convirtió en bandera propia la desmovilización de las Auc y no buscó, entre otros y tal vez el más importante, el concurso del poder judicial, que le habría permitido diseñar un modelo mejor.
Los fiscales que están a cargo de los casos de los desmovilizados creen que, en última instancia, podrían buscar que varios de los vacíos que, según ellos, deja la ley sean llenados con base en la jurisprudencia de los tribunales de garantías y de la propia Corte. Para ello propondrían algunas "excepciones de inconstitucionalidad". Esta figura se aplica cuando un juez o un fiscal consideran que alguna de las normas que deben aplicar viola algún principio de la Carta Política.
En este caso específico, los fiscales están convencidos de que las cortapisas impuestas en los altos estrados judiciales al ámbito de aplicación de la Ley de Justicia y Paz estarían desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y que, en lugar de impunidad, haya penas para los responsables, así estas sean menores a las que habría impuesto la Justicia ordinaria.
"Los modelos transicionales aplicados en Sudáfrica y, para no ir más lejos, en Chile y Argentina, tuvieron una participación concertada del propio estamento judicial", afirma Solís, quien sugiere que Colombia debería convertir este tipo de procesos en un propósito nacional, desprovisto de sesgos como los causados por confrontación entre los poderes públicos.
La pregunta es si habría sido posible. El proceso despertó desde el comienzo muchos interrogantes y en su desarrollo surgieron serios cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad que dudaban de la transparencia de la negociación del Gobierno con las Auc. La aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso se hizo en medio de un debate en el que sus más duros críticos la calificaron como una ley de impunidad disfrazada, pero aun así miles de víctimas han roto su silencio y han denunciado toda clase de crímenes e identificado a sus victimarios, muchos de los cuales están siendo juzgados. Y eso es, precisamente, lo que quiere salvar la Fiscalía.
RAZONES DE LA CORTE
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que pone fecha límite para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz fue la respuesta a un recurso de apelación presentado por Ómar Enrique Martínez, 'Maicol', desmovilizado del bloque Norte de las Auc, que confesó haber participado en una masacre en 2006.
Al conocer el caso en una audiencia de imputación de cargos, un magistrado de Barranquilla consideró que Martínez debía ser investigado por la Justicia ordinaria porque el crimen confesado fue cometido después de 2005.
La Corte hizo, entre otras, estas consideraciones:
- "El término del 21 de diciembre de 2010, fijado por decreto reglamentario de la ley como tope a las desmovilizaciones, no debe confundirse con el plazo fijado por la ley misma para las confesiones. Este limita la posibilidad de conceder beneficios a personas que confiesen hechos delictivos cometidos hasta el 25 de julio de 2005 y ningún fiscal puede modificarlo".
- "Sostener semejante desafuero equivale a extender una patente de corso a los miembros de los grupos armados al margen de la ley que continúan delinquiendo en todo el territorio nacional para que hasta el 21 de diciembre del 2010 ejecuten toda suerte de actos hasta atroces en ferocidad y barbarie contra los habitantes y solo reciban unas penas simbólicas (...) Esto no tiene precedente en el ámbito de aplicación de la justicia transicional en el mundo".
- "No podemos enviarle a la comunidad un pésimo mensaje, traducido en el hecho de que hasta las postrimerías del año 2010 resultaría menos grave ejecutar el delito de genocidio que incurrir en un falso testimonio (...)".
BIENES, OTRO DOLOR DE CABEZA
Marcados desacuerdos entre los fiscales, los jueces de garantías y la propia Corte están dificultando la entrega de los bienes que los desmovilizados ofrecieron al fondo especial creado para la reparación de las víctimas. Las estadísticas de la Fiscalía indican que el problema afecta a unas 287 propiedades por valor superior a los 300.000 millones de pesos.
El problema radica en que los magistrados de garantías exigen que los bienes destinados a la reparación figuren a nombre de aquellos paramilitares que se los arrebataron injustamente a sus víctimas, con lo cual estarían pasando por alto el hecho de que la mayoría de ellos estaban registrados a nombre de testaferros.
Los jueces de control de garantías se han negado a aceptar que los fiscales impongan medidas cautelares, tales como embargos, tan pronto como los paramilitares acogidos a los beneficios de la ley anuncian su entrega. En este caso, sin embargo, la Corte Suprema ha dispuesto la remoción de esa talanquera y en un reciente fallo, que tuvo como ponente al magistrado Alfredo Gómez Quintero, dijo: "Las medidas cautelares que buscan poner fuera del comercio los bienes entregados por los desmovilizados que se sometan al procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, a juicio de la sala son procedentes aún en los eventos en que no se haya formulado la imputación, porque afectados de esa manera los bienes ofertados se evita que el postulado o terceras personas dispongan de ellos en el futuro". Agregó la Corte que ese riesgo se atenúa o desaparece si solamente se entregan los bienes para protección, administración y conservación al Fondo para la Reparación de las Víctimas.