Parapolítica y corrupción arrasaron con la dirigencia política del departamento de Caldas

Ferney Tapasco consolidó su poder político durante cinco lustros en la Asamblea y hoy parece inmune a las acciones de la Justicia. Foto: Archivo Cambio

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El jueves 12 de febrero en la noche, 50 mujeres, líderes comunales, llegaron a una casona de La Dorada para asistir a una reunión política convocada por Juan Carlos Castro, presidente del directorio liberal local, que les había anunciado algunas sorpresas. En el lugar que debía ocupar el orador principal, había un monitor de televisión que, para sorpresa de las asistentes, sirvió para que el ex congresista Enrique Emilio Ángel diera una videoconferencia desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

Desde su celda y con ayuda de una cámara acondicionada a su computador, Ángel saludó sonriente a las asistentes y lamentó no poder abrazarlas o estrechar sus manos, pero les prometió que en marzo o abril estaría de cuerpo presente para iniciar una nueva vida en un pueblo donde, según dijo, "a nadie le importa el pasado de los demás".

Desde agosto de 2008, Ángel cumple una condena de 45 meses de prisión por vínculos con grupos paramilitares, y por eso dos de las asistentes sostienen que les cuesta trabajo creer que el ex congresista pueda lograr una rebaja adicional de la pena u otro beneficio judicial, mientras no pague la multa de más de 1.000 millones de pesos establecida en la sentencia del juez penal especializado de Manizales, Néstor Jairo Betancourt. 

No obstante, al resto de los asistentes el asunto les pareció normal porque saben que Ángel está empeñado en convertirse en el heredero del principal feudo político de Caldas y el Magdalena Medio, acéfalo tras la muerte del senador Víctor Renán Barco, el pasado 19 de enero.

Pero Ángel no es el único que aspira a controlar el rebaño de Barco. En la misma empresa está Ferney Tapasco -también tras las rejas-, ex presidente de la asamblea departamental y poderoso lugarteniente de quien fuera el mayor cacique liberal de Caldas. Los dos han montado un engranaje burocrático del que esperan obtener jugosos réditos no solo por el hecho coyuntural de la muerte de Barco, sino por la grave crisis de liderazgo en que está sumido el departamento.

Ángel y el representante Dixon Tapasco -hijo de Ferney- están privados de la libertad y su colega Jairo Alberto Llano es objeto de investigación preliminar. Los tres sumaron en las elecciones de 2006 cerca de 60.000 votos y alcanzaron el 90 por ciento de la representación de Caldas en la Cámara. Por otra parte, la senadora Adriana Gutiérrez, también objeto de investigación por presuntos vínculos con paramilitares, renunció en enero a su curul con el argumento de que la Corte Suprema estaba prejuzgando en su caso.

Así las cosas, la representación política caldense en el Congreso está en entredicho como consecuencia de las investigaciones de la parapolítica adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía, que han llevado a la cárcel a tres de sus parlamentarios y tienen en problemas a otros tantos (ver recuadro). El panorama político de Caldas no podría ser peor.

Coto de caza

La Dorada no es solo la segunda ciudad del departamento. Es el coto electoral por excelencia que se ha visto seriamente afectado por los procesos judiciales de la parapolítica y de Justicia y Paz.

La situación en el puerto del Magdalena llegó a su punto de ebullición en septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía capturó al alcalde Justo Pastor Capera Caicedo, quien apareció en una fotografía de una manifestación política al lado del jefe paramilitar Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', que vestía uniforme de campaña.

Capera fue trasladado a una cárcel en Manizales y en su lugar se posesionó Sebastián Valencia, un joven abogado cercano al clan político de los Tapasco, cuyos nombres aparecen en el expediente por el asesinato del periodista Orlando Sierra, en enero de 2000, como posibles instigadores del crimen. Su padre,  Germán Valencia, un fiscal de Manizales, intentó asumir el caso de Sierra pese a su amistad con los implicados, pero su intento se vio frustrado porque el Fiscal General ordenó trasladar el caso a Bogotá.